El polémico aumento salarial del alcalde Diego Miranda llegó a discusión de los regidores de la comisión de Hacienda y Presupuesto con la presión de votarse en una sola sesión, en medio de señalamientos sobre la situación salarial de unos 180 funcionarios, señaló la regidora del PLN, Iztarú Alfaro.
La regidora indicó que hubo un ambiente de poca transparencia en torno a la modificación presupuestaria que incluía el aumento salarial para el alcalde, lo que generó un ambiente de confusión en medio de la discusión de otros temas que incluía la propuesta para modificar el rumbo de ¢266 millones de las arcas municipales.
Con el aumento, el salario de Miranda pasaría de ¢5.565.000 a ¢5.740.000, es decir, una diferencia de ¢175.000, llegando su ingreso a romper con el tope de ley establecido por la Ley que impone la Regla Fiscal.
Por su parte, Miranda ha dicho que no llegó a la Municipalidad a “recetarse” un aumento salarial, pese a que las acciones a menos de un mes de función, así lo demuestra.
POLÉMICA
El martes pasado, en medio de un despliegue de control político promovido por la fracción oficialista del Municipio a raíz de la comparecencia de miembros del Comité Cantonal de Deportes, el Concejo Municipal se aprestó a votar la reforma en medio de versiones encontradas entre asesores que decían que el aumento de Miranda se iba a sacar de la discusión, recordó la regidora.
Sin embargo, el tema se mantuvo en medio de consultas y reclamos, y bajo la presión de que si no se aprobaba, se iba a afectar el salario de los empleados de la Municipalidad.
@iztaru_alfaro Debemos de revisar la decisión mediante la cual se incrementó el salario del Alcalde y la Vicealcaldesa de San José.
Ante la confusión, tanto Alfaro como la regidora Yorleny Córdoba, del PPSD; votaron con el resto de regidores a favor del cambio presupuestario, sin embargo, tanto ellas como regidores de otras bancadas, exigieron claridad a la administración, y no caer en este tipo de emboscadas.
Producto de la discusión posterior, el Frente Amplio prepara una moción para consultar a la Procuraduría General de la República si el tope salarial de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, impone el mismo tope a empleados municipales que a los empleados del resto del sector público.
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Esto porque, precisamente, el aumento que se aprobó a favor de Miranda, estaría rompiendo ese tope y por ende, resultaría ilegal.
