Allan Madriz | EP. La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera positiva el expediente No. 20.131, que pretende fortalecer la lucha contra la trata de personas en Costa Rica.
El proyecto “Reforma de los artículos 172 y 189 bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas”, es una iniciativa de los liberacionistas Sandra Piszk y Antonio Álvarez Desanti.
El plan impone pena de prisión de seis a diez años, a quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de personas de cualquier sexo dentro o fuera del país.
La sanción aplicará cuando la intención sea someterlas a trabajos forzados u otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, adopción irregular, tráfico ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, embarazo forzado y la ejecución de distintas formas de explotación sexual.
“Las reformas planteadas armonizan nuestra legislación en el combate a este flagelo internacional con categorías jurídicas más amplias que facilitarán el trabajo de los agentes especializados en la materia…”, indicó Piszk.
La presidenta de la Comisión, Maureen Clarke, destacó que el proyecto permite ampliar el catálogo de actividades que califican como conexas al delito de trata, como la falsedad ideológica y la falsificación de documentos privados.
La trata de personas es un delito que se ubica en el tercer lugar en el mundo en relación a las ganancias que le otorga anualmente a la criminalidad organizada ($32 billones).
