Aarón Chinchilla EP. | La diputada del Partido Integración Nacional (PIN), Zoila Rosa Volio, afirmó que Carlos Andrés Pérez Sánchez, hombre implicado en los daños al oleoducto de Limón, no es ningún preso político, tal como algunos sindicatos lo han querido hacer ver, sino que es un “terrorista y un delincuente”.
En su intervención ante el Plenario Legislativo, la congresista manifestó que lo afirmado por algunos sectores en relación a que Pérez es un preso político es “improcedente” y si desean ver casos reales de presos políticos, deberían analizar los casos de Nicaragua y Venezuela.
Por otra parte, aseveró que Pérez es un delincuente puso en peligro a Matina y a comunidades aledañas de la provincia de Limón.
Creo que por respeto a nuestros hermanos nicaragüenses y venezolanos, es improcedente usar el término preso político como se ha utilizado tan fácil y trivialmente cuando implica algo tan serio (…) Sin embargo, Carlos Pérez no es un preso político sino un delincuente. ¡Tan delincuente es que puso en riesgo a Matina cuando hizo su acto de terrorismo, rompiendo la tubería (…) Un tribunal lo condenó como culpable ¿Dónde está el preso político? ¡Por Dios! ¡Es un delincuente que puso en riesgo que puso en riesgo a Matina!
Por otra parte, Volio manifestó que además del peligro en el que puso a las comunidades, el acto de Pérez constituyó un costo altísimo para el Estado.
(…) No solo fue eso. También produjo un daño que huvo que reparar con un costo de medio millón de colones. Aparte, hubo que pagar 15 millones de colones a las navieras por los atrasos que hubo en el Puerto (…) ¡Seamos serios! ¡Yo estoy cansada de oír a los sindicatos hablando, hablando y hablando! ¡El declive que tenemos en este país de decir lo que quieran.
Asimismo, cuestionó el hecho que los sindicatos del Magisterio Nacional pretenden ejecutar el cobro de pluses salariales de los 155 días que se mantuvieron en huelga.
¡Qué cáscara!¡No se vale que nos vean la cara! (…) Yo creo que los sindicatos deben empezar a pensar en Costa Rica y no más en sus propios intereses ¡Y que dejen de decir cosas que no son ciertas como el famoso “preso político”! Si siguen en esta línea, los sindicatos nos estorban en el desarrollo”
Pérez fue acusado el 27 de noviembre de 2018 por el Ministerio Público y fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El ex empleado de Recope fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme la sentencia judicial.
