George Rodríguez EP. Más de cuatrocientas personas perdieron la vida en cien días de violenta crisis sociopolítica en Nicaragua, informó este jueves la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Se trata de 448 víctimas fatales -426 hombres y 22 mujeres-, a las que se suman 2,830 heridos y 718 desaparecidos, como saldo de la represión gubernamental antiopositora a nivel nacional, según lo indicado por la ANPDH, en su más reciente informe provisional.
La cifra de fallecidos incluye a 383 civiles, 40 integrantes de fuerzas parapoliciales, 24 efectivos de la Policía Nacional, y un militar, precisó.
El desglose de fallecidos por departamento (provincia) y región autónoma, ubica, en los primeros lugares, a Managua (189), seguido por Masaya (55), Matagalpa (32), Carazo y León (28 cada uno), y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (26).
La casi totalidad de las víctimas fatales está integrada por ciudadanos nicaragüenses, además de tres extranjeros –un guatemalteco, un estadounidense, y una brasileña-.
El caso más reciente es el de la estudiante de medicina Raynéia Gabrielle Lima, originaria del nororiental estado brasileño de Pernambuco, quien murió la noche del lunes, en Managua, la capital nacional, a causa del impacto de un proyectil de alto calibre.
La cifra dada a conocer por la ANPDH sumó 97 víctimas a las 351 registradas en el informe anterior, dado a conocer el 11 de julio.
En cuanto a las causas, 356 personas fueron fatalmente heridas por disparos.
“Nos sigue preocupando el uso desmedido de armas de fuego en manos de grupos parapoliciales y sobre todo por parte de fuerzas policiales que no justifican ni su utilización, ni su portación. No estamos en una situación de guerra que justifique la portación de fusiles de amplio poder de fuego”, expresó en conferencia de prensa, al dar a conocer los datos, el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.
En cuanto a los desaparecidos –por lo menos 718 a nivel nacional- la asociación indicó, en el informe que, se trata de personas capturadas por grupos armados ilegales.
“Estos son secuestros ejecutados por grupos armados no autorizados conocidos como parapolicías”, acciones que han afectado a “familias enteras”, con “incidencia en el barrio de Monimbó, Masaya. Tenemos información de que 123 personas han aparecido por gestiones de la Iglesia y organismos de derechos humanos, pero hay 595 ciudadanos que habiendo pasado más de 48 horas todavía algunos se encuentra detenidos ilegalmente o desaparecidos”, según lo indicado en el documento.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a causa de un fracasado decreto presidencial que incluía reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la masiva protesta pasó a centrarse en la exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
