Allan Madriz | EP. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, criticó que el Presidente Carlos Alvarado vetara la Ley 9.732, “Reforma del artículo 24, Asignación Presupuestaria, del Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9.635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre del 2018″.
El objetivo inicial de esta ley era garantizar que los destinos específicos de las instituciones dependientes de estos recursos, no tuvieran una asignación presupuestaria menor a la establecida en el 2018.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo consideró que la redacción final aprobada por los diputados podría provocar futuras discusiones sobre la vigencia de la derogatoria de todos los destinos específicos establecida en la Ley 9.635, y por lo tanto tomó la decisión de emitir el veto.
Para Villalta, el proyecto 21.277, aprobado por unanimidad semanas atrás, otorgaba una protección a trasferencias para recintos universitarios, juntas de educación, PANI, DESAF, IFAM, fondo de subsidios para la vivienda, fondos para migración, Servicio Nacional de Guardacostas y CEN-CINAI, disponiendo que no podrán reducirse, al menos nominalmente, en el futuro.
El frenteamplista señaló que con la redacción propuesta por Casa Presidencial quedarían en riesgo los recursos para los programas mencionados anteriormente, desprotegiendo varias transferencias importantes para las inversiones sociales.
“Este es un gobierno que se ensaña con las poblaciones más vulnerables como la niñez en riesgo a sabiendas de que no tienen capacidad de movilización para exigir el cumplimiento de acuerdos. Nos cansamos de repetir durante la discusión del plan fiscal que la redacción de diversos artículos implicaba un riesgo para la inversión social a pesar de que diversas fracciones lo negaban. Impulsaremos el resello de la ley e instamos a las fracciones comprometidas con el proyecto 21.277 a que lo hagan también”, indicó Villalta.
El legislador enfatizó que en tanto la Ley no esté aprobada, por efecto del veto, el Gobierno abre puertas para recortar cualquiera de los destinos específicos derogados, incluso el de recintos universitarios.
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