George Rodríguez EP. La mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima expresó, este jueves, su rechazo y su condena a la detención del abogado Roberto Marrero, jefe de Despacho del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En términos similares, doce de los catorce países miembros del bloque americano se refirieron al allanamiento de la vivienda del diputado opositor Sergio Vergara, de acuerdo con lo indicado en la declaración que emitieron horas después de ambos hechos, ocurridos la madrugada de este jueves.
Los adherentes a la declaración de tres párrafos declararon que “rechazan y condenan enérgicamente la detención ilegal del señor Roberto Marrero y el allanamiento inaceptable de la residencia del diputado Sergio Vergara”.
Los doce exigieron, el gobierno del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, asimismo la inmediata puesta en libertad de Marrero.
“El Grupo de Lima demanda al régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro la inmediata liberación del señor Marrero y el pleno respeto del fuero parlamentario del diputado Vergara”, de acuerdo con lo indicado en el documento.
En lo que respecta a ambos casos, los adherentes a la declaración responsabilizaron al régimen madurista por la integridad del detenido y del legislador cuya vivienda fue allanada.
“Hacemos responsable al régimen de Maduro de la seguridad e integridad personal de los señores Roberto Marrero y diputado Sergio Vergara”, además de que “exigimos el cese del hostigamiento a los demócratas venezolanos y de las prácticas sistemáticas de la detención arbitraria y de la tortura en Venezuela”, advirtieron.
También plantearon la necesidad de acción de organizaciones internacionales respecto a la dramática situación delas garantías individuales en el caribeño país sudamericano.
En ese sentido, formularon “un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a que ejerzan con decisión y de inmediato sus competencias respecto del Estado venezolano”.
La detención y el allanamiento ocurrieron durante la madrugada, acciones que fueron llevadas a cabo por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La declaración fue apoyada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, y Perú, no así por Jamaica ni México.
Las dos acciones represivas se enmarcaron en la severa crisis humanitaria, política, y de seguridad que hace años afecta a Venezuela, situación que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, quienes se han desplazado a países sudamericanos tales como Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor medida, otros países del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, así como la generalizada falta de oportunidades.
