George Rodríguez EP. Venezuela presenta serias violaciones a los derechos humanos –entre ellos, los socioeconómicos a la alimentación y a la salud-, lo que incluye represión antiopositora –comprendidas prácticas tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales-, denunció, en un informe presentado este jueves, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el Acnudh).
La agencia “considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”, de acuerdo con lo indicado en el documento de 83 puntos contenidos en siete capítulos.
La situación ha existido, y se ha agravado, durante más de una década, indicó el Acnudh, en una de sus seis conclusiones.
“Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”, señaló.
Tal contexto ha sido propicio para que el régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, viole los derechos de las personas, en particular de quienes integran la oposición o son sospechosos de hacerlo, planteo la agencia encabezada por la ex presidenta chilena (2006-2010, 2014-2018) Michelle Bachelet.
“Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”, precisó.
Es necesario que esas acciones ilegales se investigadas a profundidad, para determinar responsabilidades –incluida la del Estado-, agregó.
“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, señaló, además.
La agencia especializada aludió así a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado, en 2016, al que se responsabiliza por una proporción considerable de los centenares de homicidios adjudicados a la PNB.
Las Faes son consideradas, por organizaciones de derechos humanos, como un comando de represión antiopositora.
“Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”, planteó la agencia de Naciones Unidas.
Entre las 21 recomendaciones incluidas en el informe, el Acnudh incluyó la disolución de ese comando policial.
En ese sentido, formuló “un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata”, entre otras medidas, “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”, además de que “disuelva las FAES”.
También recomendó que el régimen madurista establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.
Similar recomendación formuló respecto a los civiles armados progubernamentales, a los que también se ha acusado de haber cometido serias violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, el Acnudh planteó, al régimen, que “desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos”, además de que “detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.
El informe fue dado a conocer luego de la visita que Bachelet realizó, del 19 al 21 de junio, a Venezuela, donde se reunión con Maduro, otras autoridades del régimen, dirigentes opositores –incluido el autoproclamado presidente interino venezolano, diputado opositor Juan Guaidó-, víctimas de la represión y familiares de éstas.
Venezuela registra una crisis humanitaria, política, y de seguridad venezolana, que ha generado, en aproximadamente cuatro años, el éxodo emprendido por unos cuatro millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, incluyendo Ecuador y Perú, además de Argentina y Chile.
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