George Rodríguez EP. Uruguay analiza la solicitud de asilo formulada por el ex presidente peruano Alan García quien, investigado en un caso de corrupción, sostiene que es, en realidad, objeto de persecución política, informaron este lunes medios de comunicación uruguayos.
Los medios citaron un escueto comunicado que la cancillería de Uruguay emitió el domingo, informando al respecto.
Las versiones periodísticas indican que García presentó la solicitud en la Embajada de Uruguay en Perú, representación diplomática encabezada por el embajador Carlos Barros.
“En la noche de ayer, el ex-presidente constitucional de Perú, Alan García, solicitó asilo diplomático en la Embajada de la República en Lima”, informó el ministerio, en el texto difundido por su Dirección de Prensa.
Las cancillerías de ambos países están en comunicación respecto al caso, indicó, en el texto de dos párrafos.
“El Uruguay, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en la materia y su tradición en materia de asilo, ha puesto el hecho en conocimiento de la Cancillería del Perú, la que siguiendo el procedimiento establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias”, agregó.
En términos similares, la cancillería peruana informo, también el domingo, sobre la solicitud.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores hace de conocimiento de la opinión pública que el Embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el ex presidente del Perú Alan García Pérez ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia. El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay”, precisó, en un comunicado de tres párrafos.
La cancillería peruana indicó, asimismo, que corresponde, al gobierno uruguayo, evaluar el planteamiento del ex presidente (1985-1990, 2006-2011).
“Dicha solicitud, como indica la Convención arriba citada, deberá ser evaluada por el gobierno de ese país, para lo cual se ha informado a las autoridades de Uruguay que, conforme al artículo IX de la Convención sobre Asilo, el gobierno peruano hará llegar información al respecto”, señaló.
De acuerdo con el diario uruguayo El País, antes de que la cancillería de Uruguay emitiese el comunicado, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, indicó que el gobierno aceptaría la solicitud del ex presidente peruano.
El periódico matutino informó que, mediante la red social Whatsapp, preguntó, a Nin Novoa, si Uruguay aceptaría lo solicitado por García, a lo que el canciller dijo que “sí”.
El ministro aclaró, además, que, de acuerdo con la convención de 1954, la cancillería uruguaya no tiene plazo para responder a la solicitud.
“Nosotros estamos evaluando porque aquí hay una Convención de Caracas de 1954, en la que se establece el asilo diplomático. No hay plazo para darle una respuesta”, explicó el canciller, quien precisó, además, que, “de acuerdo al artículo noveno de esa Convención, el gobierno peruano va a hacernos llegar información al respecto a nuestro gobierno”.
García es investigado en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, acusada, en diversos países, de haber sobornado a altos funcionarios gubernamentales –incluidos varios presidentes- a cambio de la concesión de obra pública.
En el caso de García, el ex mandatario es acusado de haber favorecido a Odebrecht en la licitación para la construcción de la línea de transporte subterráneo capitalino Metro 1 de Lima.
El ex presidente, quien reside en España, llegó el 15 de noviembre a Perú, para declarar judicialmente respecto al caso, tras lo cual fue informado por el fiscal José Pérez, encargados de ese proceso, también se lo investiga por los delitos de colusión y lavado de activos, de acuerdo con versiones periodísticas originadas en esa nación sudamericana.
Asimismo, fue informado de que los cargos en su contra incluyen el pago de 100,000 dólares, por una conferencia que ofreció en Brasil, dinero originado en un fondo de Odebrecht para el financiamiento de sobornos en diferentes países, de acuerdo con las mismas fuentes.
Durante la audiencia judicial, García fue también informado de un juez anticorrupción le aplicó impedimento de salida, de Perú, por 18 meses, medida que responde al hecho de que, mientras era investigado por enriquecimiento ilícito, en 1992, García salió del país para exiliarse en Colombia y luego radicarse en Francia.
El ex mandatario regresó a Perú en 2001, cuando fue declarada la prescripción del delito.
