Aarón Chinchilla EP. | Los rectores de las cinco universidades estatales presentaron una acción judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo para anular un decreto del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya que, viola varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), además de violentar la independencia y autonomía del gobierno universitario.
La acción presentada por las universidades se plantea en contra del artículo 1° inciso h) y del artículo 3° del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan, denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público”.
El recurso señala el Decreto de Mideplan, presentado en febrero anterior, es absolutamente nulo por incorporar a las universidades estatales en el régimen común de Salarios de la Administración Pública. Según los rectores, se presenta un conflicto en el régimen de independencia y autonomía del gobierno universitario garantizado por la Constitución Política.
Por otra parte, se presentó una solicitud de medida cautelar que pretende se disponga judicialmente la suspensión de la aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 41564 (empleo público) a las universidades estatales como medida adecuada y necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de su sentencia, conservando el régimen universitario de empleo en su estado actual.
Los rectores consideran que la implementación del Decreto Ejecutivo implicará un “perjuicio para la gestión pública de las universidades estatales”,
(…) Eliminará el desarrollo que durante décadas se ha venido implementando para ofrecer condiciones y regulaciones en el régimen de carrera académica de sus funcionarios, lo cual garantice al país atraer, capacitar y conservar el recurso humano más capacitado en las diferentes áreas del conocimiento que desarrolla cada universidad, para la formación de profesionales, la investigación científica y la búsqueda de soluciones técnicas para el adecuado desarrollo socioeconómico de la Nación. Implicaría también, el traslado y pérdida de competencias constitucionalmente garantizadas para el gobierno universitario hacia el Poder Ejecutivo bajo la dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia de empleo (artículo 46 íbid.)
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen señaló que se debe velar porque se respete lo que determina nuestra Constitución Política con respecto a la autonomía de las universidades públicas, precisamente para evitar que poderes políticos gobiernen en las universidades.
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