George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua debe garantizar la seguridad de la población además de respetar los derechos humanos, planteó este domingo la Unión europea (UE), bloque regional que además considera como deplorable el ataque lanzado el fin de semana, por efectivos policiales y fuerzas parapoliciales, contra un centenar de estudiantes universitarios.
La violencia sociopolítica que viene golpeando, hace casi tres meses, a ese país centroamericano, debe cesar de inmediato, indicó, en un comunicado, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, quien asimismo señaló que la solución pacífica a la crisis debe surgir del Diálogo Nacional entre gobierno y oposición, mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El ataque sostenido durante unas 18 horas contra la sede de la Universidad Nacional autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua –la capital nacional-, con saldo de dos víctimas fatales y numerosos heridos, fue, además, repudiado por autoridades de diversos países.
“Los actos de violencia contra estudiantes y civiles en Nicaragua, así como el retraso en la asistencia médica urgente para los heridos son deplorables”, afirmó en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.
Existe la expectativa, en la UE, respecto a que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, actúe priorizando a las personas y las garantías fundamentales, según la funcionaria regional.
El bloque integracionista europeo espera que las autoridades nicaragüenses “garanticen la seguridad de la población y el respeto por los derechos fundamentales”, señaló Mogherini, quien, de inmediato, advirtió que “toda violencia debe parar ahora”, y precisó que “reiteramos nuestro llamamiento a una solución pacífica y democrática para la situación en el país en el marco del diálogo nacional”.
Promovido por el gobierno de Ortega, con la CEN como testigo y mediadora, e instalado el 16 de mayo, el diálogo, que apunta a lograr una solución negociada a la violenta crisis, está suspendido –situación en la que ha permanecido la mayor parte del tiempo-, a causa de la intransigencia de gobierno y oposición.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ex canciller uruguayo Luis Almagro, escribió en la red social Twitter, que “los estudiantes de la UNAN habían abierto una discusión días atrás para una desocupación espontánea y pacífica (de la sede universitaria, donde se hallaban). La respuesta que reciben: un ataque inadmisible”.
Entretanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) destacó los esfuerzos desarrollados, particularmente en el marco de la Comisión de Verificación y Seguridad –uno de los grupos de trabajo del Diálogo Nacional-, por lograr una salida que priorice la paz.
“Como acompañantes de la Comisión de Verificación, hemos visto los esfuerzos hechos para lograr soluciones pacíficas. El uso de la fuerza y la violencia socavan todos estos esfuerzos. El Estado debe garantizar la protección de la vida en toda circunstancia”, indicó la agencia internacional especializada.
Simultáneamente, autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló un fuerte llamado, a la comunidad internacional, a exigir, al gobierno de Ortega, que garantice los derechos de las personas.
El secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrão calificó de “inadmisibles” el ataque contra la UNAN y otras acciones de represión policial y parapolicial, y formuló una exhortación al Estado nicaragüense a cesar las agresiones antiopositoras.
Entretanto, la relatora de la CIDH para Nicaragua, la chilena Antonia Urrejola, escribió en Twitter que, “ante la profundización de la grave crisis de DDHH en #Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir al Estado respetar y garantizar derechos de su población”.
A nivel de gobiernos y otras instancias continentales, Costa Rica condenó el uso de fuerza letal contra estudiantes universitarios en Nicaragua, se solidarizó con el pueblo de ese país, y lamentó el hecho de que se haya obstruido el acceso, al lugar del incidente, de unidades médicas y de personal de organizaciones internacionales de derechos humanos.
“El Gobierno de la República de Costa Rica condena vehementemente el uso de la fuerza letal en contra de estudiantes y civiles en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Asimismo, deplora que no se haya permitido el acceso de asistencia médica ni de organizaciones internacionales para la protección de los derechos humanos”, señaló la cancillería, en un comunicado.
Al participar, la semana próxima en Bruselas, en la reunión de gobernantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), la primera vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell, solicitará que la comunidad internacional reaccione a la crisis nicaragüense, agregó la cancillería.
Asimismo, en virtud de que “defiende el derecho a manifestarse en cualquier lugar del mundo”, Costa Rica “ha impulsado junto a Suiza la aprobación de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, con el fin de promover y proteger los derechos humanos, en el marco de protestas pacíficas”, señaló, además.
Argentina calificó de “inadmisibles” los hechos más recientes, y planteó que el gobierno de Ortega debe cesar la violencia policial y parapolicial.
“El gobierno argentino llama al gobierno nicaragüense a cesar en forma inmediata con la represión y a restablecer la convivencia pacífica, el funcionamiento de las instituciones democráticas y el Diálogo Nacional”, señaló la cancillería, en un comunicado.
Por intermedio de su embajada en Nicaragua, Brasil también condenó las acciones represivas de la administración Ortega.
“La escalada de violencia contra la sociedad civil, con agresiones físicas a eclesiásticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, son inaceptables”, según la representación diplomática.
Por su parte, Chile considera preocupante lo mismo la escalada de violencia que el escaso avance en la búsqueda solución pacífica a la crisis nicaragüense.
El gobierno de ese país sudamericano “observa con gran preocupación estos hechos y la falta de progresos concretos”, indicó la cancillería.
En Estados Unidos, el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó, por unanimidad, la Resolución H. Res. 981, por la cual se declara, a Ortega, responsable de las acciones de violencia en el marco de la represión gubernamental contra manifestantes opositores.
El texto debe pasar al Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja, y, luego a debate y votación en el plenario.
El presidente del subcomité, Paul Cook, dijo que, “durante demasiado tiempo, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han pisoteado las instituciones democráticas de Nicaragua”, además de que, “por medio de la corrupción y la codicia por el poder se han enriquecido a costa de su pueblo”, y, “hoy, el pueblo nicaragüense anhela la libertad y una oportunidad para vivir en verdadera democracia”.
En México, mediante un comunicado, el gobierno ordenó la agresión a la UNAN, además de plantear su apoyo al Diálogo Nacional.
En el caso de la UNAN, el gobierno señaló que “deplora que no se haya permitido el acceso oportuno de asistencia médica y de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos que acompañan el diálogo en Nicaragua”, y agregó que “México continuará respaldando las labores de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) como mediadora, así como cualquier acción que contribuya al diálogo y reconciliación entre los nicaragüenses”.
El sitio de 18 horas a la sede de la UNAN se enmarcó en la crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la protesta generalizada se centró en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante insiste en no acatar-.
