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31 mayo (Reuters) – La Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó esta semana otro obstáculo a una de las políticas más agresivas del presidente Donald Trump, la deportación masiva, mostrando una vez más su voluntad de respaldar su enfoque de línea dura hacia la inmigración. Los jueces, sin embargo, han señalado algunas reservas sobre cómo lo está llevando a cabo.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, la corte ya ha sido convocada para intervenir de emergencia en siete batallas legales por su represión contra la inmigración. Más recientemente, permitió que la administración de Trump pusiera fin al estatus legal temporal proporcionado a cientos de miles de migrantes por razones humanitarias por su predecesor demócrata Joe Biden, mientras se desarrollan los desafíos legales en dos casos en tribunales inferiores.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (SCJN, por sus siglas en inglés) levantó el viernes la orden de un juez que había detenido la revocación de la “libertad condicional” migratoria para más de 500.000 migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. El 19 de mayo, levantó la orden de otro juez que impedía la terminación del “estatus de protección temporal” para más de 300.000 migrantes venezolanos.
En algunos otros casos, sin embargo, los jueces han dictaminado que la administración debe tratar a los migrantes de manera justa, como lo requiere la garantía del debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos.
“Este presidente ha sido más agresivo que cualquier otro en la historia moderna de Estados Unidos para expulsar rápidamente a los no ciudadanos del país”, dijo Kevin Johnson, experto en leyes de inmigración e interés público de la Universidad de California, Davis.
Ningún presidente en la historia moderna “ha estado tan dispuesto a deportar a no ciudadanos sin el debido proceso”, agregó Johnson.
Esa dinámica ha obligado a la Corte Suprema a vigilar los contornos de las acciones de la administración, aunque no tanto la legalidad de las políticas subyacentes de Trump. La mayoría conservadora de 6-3 de la corte incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato como presidente.
“El presidente Trump está actuando dentro de su autoridad legal para deportar a extranjeros ilegales y proteger al pueblo estadounidense. Si bien la Corte Suprema ha reconocido legítimamente la autoridad del presidente en algunos casos, en otros han inventado nuevos derechos de debido proceso para los extranjeros ilegales que harán que Estados Unidos sea menos seguro. Confiamos en la legalidad de nuestras acciones y seguiremos luchando para cumplir las promesas del presidente Trump”, dijo a Reuters la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
Los jueces en dos ocasiones, el 7 de abril y el 16 de mayo, han puesto límites al intento de la administración de implementar la invocación de Trump de una ley de 1798 llamada Ley de Enemigos Extranjeros, que históricamente se ha empleado solo en tiempos de guerra, para deportar rápidamente a migrantes venezolanos a quienes ha acusado de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua. Abogados y familiares de algunos de los migrantes han cuestionado la acusación de pertenencia a pandillas.
El 16 de mayo, los jueces también dijeron que un intento de la administración de deportar a los migrantes de un centro de detención en Texas no cumplía con los requisitos constitucionales básicos. Dar a los migrantes “un aviso aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovisto de información sobre cómo ejercer los derechos al debido proceso para impugnar esa expulsión, seguramente no pasa la prueba”, declaró el tribunal.
El debido proceso generalmente requiere que el gobierno notifique y brinde la oportunidad de una audiencia antes de tomar ciertas medidas adversas.
El tribunal no ha prohibido rotundamente a la administración llevar a cabo estas deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que los jueces aún no han decidido la legalidad de utilizar la ley para este fin. El gobierno de Estados Unidos invocó por última vez la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial para internar y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.
“La Corte Suprema ha reafirmado en varios casos algunos principios básicos del derecho constitucional (incluyendo que) la cláusula del debido proceso se aplica a todas las personas en suelo estadounidense”, dijo Elora Mukherjee, directora de la clínica de derechos de los inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.
Incluso para los presuntos pandilleros, dijo Mukherjee, el tribunal “ha sido extremadamente claro en que tienen derecho a ser notificados antes de que puedan ser deportados sumariamente de Estados Unidos”.
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