George Rodríguez EP. La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ordenó la noche de este domingo, al presidente del país, Jimmy Morales, que permita el regreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, quien se encuentra fuera del país.
La CC instruyó a Morales a “permitir el ingreso al territorio nacional del comisionado”, y le advirtió que ello “deberá realizarse en armonía con lo que establece el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento” de la Cicig.
El tribunal advirtió, asimismo, que la no autorización para que Velásquez regrese a Guatemala implicará el incumplimiento de la disposición.
“Se considerará incumplida la orden (…) en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del Comisionado”, planteó la CC en la resolución de 11 páginas leída, en conferencia de prensa, en la sede del tribunal ubicada en el centro de Guatemala, la capital nacional.
Mientras la corte sesionó, y durante la conferencia de prensa, decenas de personas permanecieron frente a la sede del tribunal, expresando apoyo a la Cicig y a Velásquez y repudio a Morales y sus acciones contra el grupo de trabajo y el comisionado.
El presidente anunció, el 31 de agosto, la decisión de no renovar el mandato de la comisión, e informó, el 4 de setiembre, la prohibición para que Velásquez regrese a Guatemala.
En el primer caso, estuvo acompañado por decenas de altos oficiales militares y policiales, y, mientras formulaba el anuncio, efectivos militares y policiales se hallaban desplegados en el sector capitalino donde se ubica la sede de la Cicig.
En el segundo anuncio lo acompañaron su vicepresidente, Jafeth Cabrera, los ministros Sandra Jovel (Relaciones Exteriores) y Enrique Degenhart (Gobernación), y el procurador general de la Nación, Luis Donado.
Desde que asumió el cargo para el período 2016-2020, Morales ha mantenido una creciente confrontación con la Cicig, particularmente con Velásquez.
El grupo de trabajo viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vence en setiembre de 2019.
El presidente ordenó, el año pasado, la expulsión del comisionado, pero la decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
La comisión, junto con el MP, inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado al mandatario lo mismo que a allegados.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger-, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
