La discusión sobre los costos de las cooperativas tampoco comenzó con el caso Barrenador.
Cuatro años antes de los allanamientos, la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estudió cuánto le costaría asumir directamente los servicios que estaban en manos de proveedores externos y llegó a una conclusión particularmente relevante frente a la actual investigación penal: institucionalizarlos resultaba más caro.
En abril de 2020, la Junta Directiva conoció el denominado Estudio de Inviabilidad para la Prestación de Servicios de Salud, correspondiente a diez áreas de salud, entre ellas Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva y Tibás.
La conclusión económica llevó a la Junta Directiva a descartar la institucionalización.
Según las estimaciones de la propia CCSS, asumir directamente esos servicios significaba incrementar sus costos entre ₡16.000 millones y ₡26.000 millones anuales frente al modelo contratado con terceros.
En el escenario más oneroso, prestar directamente los servicios podía resultar hasta un 60% más caro para la institución.
El antecedente tampoco estaba aislado.
Un estudio elaborado en 2015 por la Gerencia Médica y la Dirección de Red de Servicios de Salud había determinado que una consulta de medicina general costaba en promedio ₡11.230,83 en áreas administradas por terceros, frente a ₡17.737,31 en áreas similares administradas directamente por la CCSS.
La diferencia representaba aproximadamente ₡6.506 por consulta.
En atención urgente aparecía una relación semejante: el estudio utilizó un costo de ₡60.061,98 en un área administrada directamente por la Caja frente a ₡39.003,74 en un área comparable administrada por un tercero.
Esos antecedentes introducen una interrogante adicional en Barrenador.
La hipótesis que posteriormente dio origen a la investigación penal sostiene que las nuevas ofertas de las cooperativas representaban aproximadamente ₡12.400 millones adicionales por año.
Pero apenas cuatro años antes, un análisis financiero-actuarial de la propia institución había determinado que sustituir el modelo contratado y prestar directamente esos servicios podía significarle a la CCSS entre ₡16.000 millones y ₡26.000 millones adicionales cada año.
Son estudios elaborados en momentos distintos y bajo condiciones contractuales diferentes, por lo que las cifras no pueden compararse mecánicamente como si correspondieran a una misma contratación.
Precisamente ahí adquiere importancia el peritaje que las cooperativas vienen reclamando.
Un análisis contable forense independiente podría establecer bajo una metodología homogénea cuánto cuesta realmente a la Caja prestar directamente los servicios, cuánto cuesta contratarlos con las cooperativas, cuáles obligaciones adicionales contenían las nuevas ofertas y si la diferencia denunciada como “sobreprecio” representa realmente un perjuicio económico.
Más de mil empleos detrás del expediente
La discusión tampoco ocurre exclusivamente sobre hojas de cálculo.
Cuando la CCSS analizó la institucionalización de estos servicios en 2020, las áreas atendían aproximadamente 500.000 asegurados y daban trabajo a unas 1.200 personas.
La nueva contratación investigada en Barrenador comprende 138 Ebáis y una población todavía mayor.
Por eso, detrás de una investigación que lleva dos años abierta existe también incertidumbre para trabajadores, cooperativas y comunidades que dependen del modelo de atención.
Y mientras esa incertidumbre permanece, continúa pendiente la respuesta técnica a la pregunta que está en el corazón del expediente:
¿Hubo realmente sobreprecio?
Las cooperativas sostienen que no y han solicitado reiteradamente que el Ministerio Público ordene un peritaje contable forense.
Los antecedentes de la propia Caja muestran, además, que históricamente la comparación de costos entre ambos modelos ha arrojado resultados favorables a la contratación externa.
Después de dos años, allanamientos, detenciones, investigaciones administrativas y una extensa comisión legislativa, determinar técnicamente cuál de las dos tesis económicas es correcta sigue siendo una pieza fundamental para esclarecer el caso.
