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La reelección de Carlo Díaz como Fiscal General de la República mantiene vivas las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, las cuales, como pocas veces en la historia reciente, se manifiestan en recortes presupuestarios, denuncias cruzadas y una abierta disputa por el control institucional.En el fondo, el choque refleja el pulso por un cambio de roles en el poder: el chavismo busca desplazar las estructuras políticas que le precedieron, mientras que los magistrados y las cúpulas del sistema judicial hunden sus raíces precisamente en ese orden tradicional. Sacarlas de la Corte es, para el oficialismo, un ejercicio de expansión, control y reemplazo.

La diputada María Eugenia Román advierte que la medida debilita la fiscalización de la infraestructura vial y cuestiona la constitucionalidad de las normas incluidas en el plan de gastos gubernamental.

La legisladora del Partido Pueblo Soberano lidera una acción judicial, respaldada por 28 firmas, que acusa al político de promover desórdenes sociales en el país.