George Rodríguez EP. El subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua, comisionado general Ramón Avellán, formuló, en un mensaje audiovisual difundido en redes sociales, un llamado, a la militancia del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a mantenerse en alerta, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que golpea al país.
“Un saludo a nuestros compañeros militantes del Frente Sandinista. Debemos continuar en la lucha. No debemos de bajar la guardia”, planteó el jerarca policial, en las declaraciones reproducidas por el diario local La Prensa.
Ello, debido a que el sector al que describió como el enemigo no está completamente derrotado, aseguró.
“El enemigo no está vencido” más que en un 80 por ciento, razón por la cual “necesitamos seguir adelante, preparándonos, organizándonos”, advirtió.
Avellán aseguró, además, estar en disposición de actuar, cuando la situación lo requiera, en su condición de autoridad policial.
En ese sentido, se declaró “dispuesto al combate en cualquier momento”.
De acuerdo con datos publicados, también este sábado, por La Prensa, uno de los medios opuestos al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, Avellán dirigió a efectivos policiales y parapoliciales en acciones de represión antiopositora.
Además, se lo ha señalado como responsable de detenciones ilegales de participantes en manifestaciones antigubernamentales, al igual que de represión selectiva contra “autoconvocados”, como se autodenominan quienes participan en esas marchas –muchas de ellas con participación de miles de personas-, según la misma fuente.
La violenta crisis sociopolítica que golpea hace casi cinco meses a ese país centroamericano estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
