Allan Madriz | EP. El sector pesquero presentó una denuncia penal contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, por un posible delito de prevaricato.
La Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera alegan responsabilidad de estas autoridades por las pérdidas causadas al Estado por el cambio en la metodología para la venta de licencias para pesca de atún con cerco.
El sector pesquero solicitó al Ministerio Público investigar la publicación de un decreto ejecutivo, que señalan se emitió sin fundamento jurídico ni técnico, para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera.
“Lo peor de esta situación es que tras haber anunciado con bombos y platillos esta medida en marzo del 2019, un año después, el 4 de febrero del 2020 el MAG publicó un nuevo decreto donde derogaba la metodología de subastas. En el mismo decreto se indica que los estudios técnicos fueron realizados de forma posterior a la implementación de la medida, y que estos revelaron que la misma no era viable”, explicó Mauricio González, vocero del Sector Pesquero Nacional.
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El sector pesquero denuncia además que este Decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del Incopesca, siendo esta instancia el ente rector en materia de pesca.
En el 2018, año previo a la modificación de la metodología, el Incopesca entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca, de las cuales cuatro fueron pagadas y ocho regaladas, generando ingresos por más de 153 mil dólares, los mismos que la institución dejó de percibir en 2019 por no haber logrado vender ni una sola licencia en subasta pública.
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