George Rodríguez EP. El Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) trabaja, con presidentes del área, la posibilidad de reactivar el suspendido Diálogo Nacional nicaragüense, informó este martes el secretario general del organismo regional, el ex presidente guatemalteco Marco Vinicio Cerezo.
De acuerdo con lo indicado por el jerarca del Sica, la idea consiste en coordinar los buenos oficios de los gobernantes –en este momento, no de mediar- para que el gobierno y la oposición reinicien conversaciones con miras a lograr solución a la violenta crisis política que hace cinco meses convulsiona a Nicaragua.
Cerezo aclaró que la labor emprendida posiblemente insuma algunas semanas.
“Eso se está haciendo en un trabajo conjunto a nivel presidencial, y al Sica nos dan la tarea de coordinar entrevistas que están tratando de conducir, de nuevo, al dialogo político en Nicaragua, aunque esto va a llevar unas semanas todavía para poderse concretar”, dijo el ex presidente (1986-1991), a la agencia española de noticias EFE.
Organizaciones internacionales están apoyando el esfuerzo, indicó, sin identificarlas.
“Cuando se haya conseguido, con el apoyo de organizaciones internacionales, nosotros veremos si se plantea una medición o una actitud oficiosa para crear los mecanismos de dialogo”, precisó Cerezo, quien el 29 de junio del año pasado asumió el cargo, para el período 2017-2021).
En opinión del secretario general del Sica, la dramática situación de Nicaragua demuestra que, en esta región, es necesario fortalecer mecanismos de solución pacífica de conflictos.
El tema de la crisis nicaragüense fue abordado en la 51 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), realizada del 30 de junio al 2 de julio de este año en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana.
Los participantes en el encuentro emitieron una declaración específicamente referida a esa situación.
En el segundo de los ocho punto de la “Declaración especial sobre Nicaragua”, los firmantes del texto de cuatro páginas formularon “el llamado urgente al cese inmediato de la violencia en todas sus manifestaciones, la cual ha ocasionado inseguridad, muertes, destrucción de bienes públicos y privados”.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generalizada paso a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
