Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional anuló el acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que dispuso autorizar el restablecimiento de la pesca de camarón por arrastre.
Los magistrados declaró con lugar dos recursos de amparo acumulados contra el acuerdo establecido por la institución, ya que no existe una Ley que respalde el uso de esta técnica, la cual se encuentra al margen de la Constitución Política.
“Se anula el acuerdo AJDIP/474-2017 de las sesión 046-2017 del 10 de noviembre de 2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, toda vez que la regulación de la licencia de pesca de arrastre de camarón debe realizarse mediante ley, como se indicó en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013”, señala la resolución.
El Tribunal advirtió al presidente ejecutivo de Incopesca, Gustavo Meneses, así como a la Junta Directiva, de abstenerse a realizar cualquier otro tipo de permiso en relación a este tema. Por tal motivo se les ordenó:
- “tomar las medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida”.
- “deberán elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, un plan de asistencia socio-económica sobre este particular, sin poder autorizar, en ausencia de ley, nuevas modalidades de pesca de arrastre de camarón”.
- “deberán tomar las medidas necesarias para que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura coordine, de manera inmediata, con todas las instancias del gobierno e instituciones descentralizadas competentes ese plan de asistencia socio-económica”.
Los magistrados recordaron que el Congreso ha dejado pasar más de cuatro años este tema y no ha dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, conforme a los estudios técnicos.
“… para atender la situación de vulnerabilidad socio-económica de las personas que dependen de las actividades irregularmente autorizadas por el Incopesca, la Asamblea Legislativa debería emitir, cuanto antes, la ley respectiva”, indicaron los magistrados.
