Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional confirmó su aval al proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, después de que varios legisladores presentaran una consulta de constitucionalidad contra la iniciativa.
Los Magistrados indicaron que no contiene vicios por el fondo, salvo respecto a la modificación propuesta al artículo 195 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Asimismo no se pronunciaron sobre vicios de procedimiento o de fondo no alegados en tiempo por los diputados consultantes.
“… no existen los concretos motivos de inconstitucionalidad por el fondo planteados por los diputados consultantes… La Sala omite pronunciamiento sobre vicios de procedimiento o de fondo no alegados en tiempo por los diputados consultantes”, indicaron los Magistrados.
Por este motivo, se rechazaron las ampliaciones presentadas por los diputados consultantes en sus escritos recibidos los días 23 y 29 de setiembre de 2016.
El proyecto permitiría a la Dirección General de Tributación (DGT) pedir a un juez embargar bienes a los contribuyentes morosos, pero antes de tramitar un embargo, Hacienda deberá solicitar al Registro Nacional de la Propiedad anotar una providencia cautelar sobre estos bienes, para que terceras personas no adquieran bienes con cargas tributarias.
“… antes de la notificación establecida en el primer párrafo de dicha disposición, el Ministerio de Hacienda hubiera remitido una solicitud de providencia cautelar al Registro Nacional de la Propiedad, para que se consignase la determinación de la deuda tributaria respectiva en los bienes registrados a nombre del deudor”, señala el fallo de la Sala.
El proyecto de Ley, que es impulsado por el el Poder Ejecutivo, recibió aprobación en primer debate desde setiembre anterior, sin embargo el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, presentó la consulta de constitucionalidad, junto a otras 16 firmas de legisladores.
Guevara se ha opuesto al proyecto, debido a la creación de un registro de accionistas, el cual podría ser consultado por el Gobierno, siempre y cuando exista la supervisión de un juez.
Con la luz verde de la Sala IV, el proyecto de ley podrá ser llevado nuevamente al Congreso, en la búsqueda de aprobación en segundo debate.
