Aarón Chinchilla EP. | Tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron que el proyecto 21.049 “Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”, impulsado por Carlos Ricardo Benavides (PLN), podría eventualmente, generar “potenciales violaciones a los Derechos Humanos en Costa Rica”.
En una actividad convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y otros sindicatos, se leyó el pronunciamiento OLCRI 5/2019 de tres relatores especiales de la ONU, que expresaron su preocupación por la aprobación legislativa, en primer debate, del 21.049, ya que “podría incurrir en potenciales violaciones a los derechos humanos (DDHH) en el país”.
Asimismo, consideran que se limitaría el derecho de huelga, de una forma, que va más allá de lo que se puede considerar aceptable en una sociedad democrática.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta.
Por otra parte, el documento menciona que la iniciativa legislativa establece un cúmulo de restricciones directas e indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del ejercicio del derecho a la huelga.
“Las medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar las libertades sindicales”.
Finalmente, los relatores afirmaron que preocupa “la posibilidad de disolución de un sindicato, la prohibición de “huelgas políticas”, la prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado, las limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, la reducción retroactiva de salarios como sanción y la ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga
“Consideramos que el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso., concluyeron.
Los suscriptores del documento fueron David Kaye (Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión), Clement Nyaletsossi Voule (Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación) y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.
Posición Sindical:
Luego de presentarse el documento, ANEP, junto a Asdeice, Upins, y Siice, señalaron que, “en momentos donde se tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz que se considera opositora”.
Consideramos que esta comunicación de los Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las ‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
¿Qué es un relator Especial?
El Relator Especial es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar sobre la situación del país o a un determinado tema de derechos humanos. No es un funcionario directo de la ONU.
Actualmente hay 43 expertos que son personalidades destacadas en la esfera de los derechos humanos de diversas profesiones, entre ellos altos funcionarios judiciales, profesores, juristas y economistas en ejercicio o retirados, actuales miembros o antiguos miembros de organizaciones no gubernamentales y ex funcionarios de categoría superior de las Naciones Unidas.
Vienen de todas las regiones y en los últimos años se han hecho más esfuerzos para designar expertos de sexo femenino. En estos momentos hay 10 expertas.
La mayoría de los expertos recibe información sobre alegaciones específicas de violación de los derechos humanos y en algunos casos, hacen llamamientos urgentes y cartas de alegación al Gobierno cuando parece inminente que se va a cometer una grave violación de los derechos humanos.
Algunos expertos envían alrededor de un centenar de cartas y llamamientos al año. Suelen notificar a la Comisión de esas comunicaciones.
