George Rodríguez EP. La Ley de Amnistía, aprobada el fin de semana para los hechos enmarcados en la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, no debe considerarse como un instrumento de impunidad, aseguró, este lunes, el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Proclamamos y juramos que esta Ley de Amnistía, con Compromiso de No Olvido, No Repetición, no puede, ni debe, entenderse de ninguna manera, como borrón y cuenta nueva”, indicó el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) –como el régimen se autodenomina-.
Ello, a causa de la violencia que ha soportado, hace más de un año, la mayoría de la población nicaragüense, indicó el GRUN, en un extenso comunicado.
“El dolor de las Familias, el dolor de los sufrientes, el dolor de los agraviados, de quienes no sucumbieron ante la tortura atroz, ante las violaciones, ante las pérdidas materiales, ante las Almas laceradas, ante los cuchillos largos, ese dolor, lo acompaña de Corazón todo un Pueblo, Cristiano y Solidario”, afirmó.
El comunicado hizo, así, referencia, a la dramática situación generada, en realidad, por la represión policial y parapolicial que tiene lugar, desde abril de 2018, contra toda expresión de oposición al régimen.
El texto, de siete páginas, fue emitido horas después de que el Ministerio de Gobernación informó sobre la liberación, este día, de cincuenta presos políticos, en aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-.
La ley, de apenas cuatro artículos, prevé, entre otras disposiciones, “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional” desde el inicio de la crisis.
La oposición ha rechazado la legislación, por considerar, principalmente, que apunta, en realidad, a garantizar la impunidad para los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a los derechos humanos –incluidos crímenes de lesa humanidad- cometidos en el marco de la dramática situación nicaragüense.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida, del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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