William Aguilar | EP. El viernes anterior se anunció la condena al político y empresario venezolano Leopoldo López, lo que para ciertos sectores representó la muestra de una dictadura fáctica en el país suramericano.
Nuestro país no pasó de las las acusaciones, sobre todo, viniendo de los sectores conservadores y partidos tradicionales, los que acusaron al gobierno de Nicolas Maduro de reprimir la libertad de expresión con la condena de su opositor López.
A la protesta se sumaron los expresidentes Oscar Arias y Laura Chinchilla, quienes en sus funciones mantuvieron fuertes relaciones con China, nación largamente acusada por violar los derechos humanos, entre ellos, las manifestaciones en contra del partido único que gobierna desde 1949.
Se sumaron también el libertario Otto Guevara, quien tradicionalmente ha defendido la libertad de tránsito sobre el derecho a la protesta, así como los diputados socialcristianos, liderados por el excandidato presidencial, Rodolfo Piza.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) incluso, empezó una campaña de recolección de firmas para enviarlas al Gobierno venezolano y manifestar el descontento con el hecho.
Otro que se ha sumado a la protesta y exigido una posición concreta por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, es el también líder del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
Ante este despliegue de solidaridad de los políticos nacionales con la derecha de Venezuela, las redes reaccionaron, buena parte de ellas a favor de los gestos mostrados, pero otro sector preguntándose por qué no se han visto reacciones similares en caso previos, como la desaparición de los 43 normalistas en México, la represión de la protesta en España o los derrocamientos en Paraguay y Honduras.
Mayor aun ha sido el enojo de parte de las redes por la ausencia de esa retorica libertadora en relación con las libertades en nuestro país.
Se han expuesto en las redes los casos de Orlando Barrantes, dirigente campesino quien fue sentenciado a 12 años de cárcel, bajo el cargo de secuestro extorsivo por una manifestación en el año 2000 en contra de las condiciones de trabajo en las bananeras del Caribe.
Otro caso que ha sido denunciado es el de Paulina Briones, sentenciada a 5 años de prisión por una protesta en el 2012 en contra de la construcción del nuevo muelle de Moín, concesionado a APM Terminals. Ella fue encontrada culpable de iniciar un incendio.
De igual forma, en estos momentos se tramita un juicio en contra de un profesor universitario y dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), por manifestarse en el 2012 en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A ellos se les acusa de resistencia agravada, en contra de la Fuerza Pública.
Casos como estos son expuestos por usuarios de redes sociales, quienes piden que si se defiende el derecho de protestar del pueblo venezolano, se haga igual en Costa Rica y el resto del mundo.
