El proyecto de ley N.° 24.211, conocido como FONARROZ, recibió prioridad en la agenda legislativa gracias a una moción de orden aprobada el pasado 25 de septiembre, lo que permitirá discutir esta semana las mociones de reiteración y eventualmente iniciar su votación en el Plenario.
La iniciativa busca respaldar al sector arrocero nacional, que asegura estar severamente golpeado desde que el Gobierno redujo en agosto de 2022 el arancel que protegía la producción local. Según los productores, esta medida se aplicó sin estudios técnicos, no generó beneficios para el consumidor y provocó una caída del 60% en el área sembrada entre 2022 y 2025.
El fondo se financiaría mediante un aporte compartido entre productores e importadores: $25 por tonelada de arroz en granza (importado o nacional) y $39,40 por tonelada de arroz pilado importado. El impacto en el consumidor, de trasladarse, sería cercano a ₡12,6 por kilo (unos ₡605 al año por persona), cifra que el sector considera mínima frente a los beneficios de garantizar la seguridad alimentaria.
Entre las ventajas que destacan sus impulsores están la protección de un alimento esencial en la dieta costarricense, el resguardo de miles de empleos rurales, la continuidad de la base productiva frente a crisis internacionales y la dinamización de la economía en las zonas agrícolas.
Aunque el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y el diputado oficialista Alexander Barrantes han cuestionado su compatibilidad con los tratados internacionales, el sector sostiene que el texto fue revisado por expertos y cumple con los compromisos asumidos por el país.
El debate en el Congreso se centra ahora en si Costa Rica debe renunciar a producir arroz y depender de importaciones o, por el contrario, consolidar un modelo que preserve la producción nacional como pilar de la seguridad alimentaria.
