George Rodríguez EP. Un ex embajador de España en Venezuela es investigado por legitimación de dinero obtenido ilícitamente de le empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y su hijo, al igual que otras tres personas, fue detenido en el marco de allanamientos policiales realizados este lunes en Madrid, informó el diario español El País.
Se trata de Raúl Morodo, de 84 años, quien se desempeñó, de 2004 a 2007, como embajador en el caribeño país sudamericano, quien, debido a su edad, no fue detenido, indicó el periódico.
Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional quienes llevaron a cabo las acciones, detuvieron al hijo del ex diplomático, Alejo Morodo, y otras tres personas quienes no fueron identificadas, según la versión periodística.
Los investigados son sospechosos de haber blanqueado aproximadamente cuatro millones de euros (alrededor de 3.6 millones de dólares), durante alrededor de cinco años, a partir de 2008, fruto de supuesto asesoramiento legal a Pdvsa, señaló el diario.
“La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas” a los investigados, como resultado de la operación ordenada por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional –alto tribunal que, entre otras atribuciones, entiende en casos de corrupción de alto perfil-, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción del país europeo, según la misma fuente.
Los detenidos no identificados habrían asistido a los Morodo en el lavado del dinero, de acuerdo con la información.
“Se ha detenido a cuatro personas, entre ellas, Alejo Morodo, hijo del exembajador. Los otros tres detenidos pertenecen al entorno de ambos y les ayudaron, presuntamente, a aflorar el dinero”, indicó El País, agregando que “se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)”.
El blanqueo incluyó transferencia del dinero a varios países latinoamericanos, antes de trasladarlo a España, precisó.
“Anticorrupción les investiga por haber blanqueado en España esos cuatro millones saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país, a cambio de fingidos asesoramientos legales”, y, “para aflorar los millones en España, los Morodo y sus compinches en la petrolera hicieron pasar antes el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos”, relató.
De acuerdo con otras versiones periodísticas españolas, el ex embajador –un cofundador, en 1968, del izquierdista Partido Socialista Popular (PSP)- sería el jefe de la estructura delictiva.
En el marco de la confrontación de más de una década entre Estados Unidos y Venezuela, fuertemente agudizada hace cuatro años, el gobierno estadunidense sancionó, al inicio de este año, a Pdvsa.
Estados Unidos anunció, el 28 de enero, que decidió bloquear los bienes de Pdvsa –la principal empresa estatal venezolana-, según informó, en un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida responde a la corrupción en gran escala que venía ocurriendo en la empresa, y para evitar la desviación de bienes venezolanos por parte de autoridades del gobierno encabezado por el cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, de acuerdo con lo indicado, asimismo, en declaraciones por separado, por altos funcionarios estadounidenses.
La acción referida a la empresa petrolera sumó a similares medidas que la OFAC ha aplicado los pasados tres años, contra funcionarios gubernamentales y personas allegadas a Maduro.
Entre los casos más recientes, Cilia Flores, esposa de Maduro y ex fiscala general, fue designada el 25 de setiembre de 2018.
La decisión referida a PDVSA ocurrió cinco días después de que Guaidó, diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- venezolana se autoproclamó, el 23 de enero, presidente interino del país, por considerar que la presidencia estaba vacante, a causa de la usurpación del cargo, por parte de Maduro.
La oposición interna y parte de la comunidad internacional, han señalado que el segundo período gubernamental consecutivo (2019-2025) que Maduro inició el 10 de enero es ilegítimo, ya que el mandatario obtuvo la reelección mediante la votación llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, con mínima participación opositora, y sin observación internacional independiente.
Por su parte, Maduro ha afirmado que la acción de Guaidó constituyó un golpe de Estado a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, país respecto al cual anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.
Venezuela registra, hace cuatro años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.7 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, en menor medida a Ecuador y Perú, y también a naciones más lejanas, como Argentina y Chile.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades, y la permanente violación a los derechos humanos.
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