M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en administración pública y gobernanza
El Poder Judicial ya no atraviesa una crisis. Las crisis pasan. Lo suyo es una enfermedad larga y mal atendida, con gangrena bajo la toga. La institución llamada a impartir justicia perdió el norte y la vergüenza de no encontrarlo.
Desde la cúpula invocarán la “independencia judicial” con voz de catedral, como si esas palabras fueran agua bendita capaz de lavar demoras, errores y silencios. Retiremos el incienso y abramos el expediente.
HECHOS A LA VISTA
La independencia judicial no es impunidad. Protege al juez contra presiones indebidas, no al incompetente contra la evaluación, al fiscal contra sus errores ni a la institución contra la rendición de cuentas. Una toga, por solemne que parezca, no convierte el fracaso en jurisprudencia.
En Pococí, dos jueces penales y una investigadora del OIJ fueron detenidos. La Fiscalía investiga si usaron sus cargos para procurar impunidad y favorecer a personas presuntamente vinculadas con la estructura de alias “Diablo”. La orden de allanamiento atribuye al juez Ricardo Valverde haber obtenido información reservada y transmitido datos a Gelen Arias, hermana del sospechoso. Es la hipótesis fiscal, no una condena.
Los tres funcionarios quedaron en libertad con medidas cautelares, incluida la suspensión de sus cargos. Arias quedó sin medidas y la Fiscalía apeló lo resuelto respecto de ella y de Valverde. La presunción de inocencia ampara personas, pero no exime a la institución de explicar cómo llegó hasta aquí. No existe una presunción de salud institucional.
Garabito aportó después una escena escrita por un enemigo de la Corte. El juez Luis Miguel Mora Herrera fue detenido en una causa distinta por presunto prevaricato y divulgación de secretos. Es el mismo que en 2022 sobreseyó y liberó a dos colombianos acusados en un caso vinculado con 805 kilos de cocaína. Un tribunal declaró ineficaz la resolución, pero los imputados ya no comparecieron.
Diecinueve magistrados votaron en 2023 por revocarle el nombramiento. Una cautelar suspendió el despido. En abril de 2026, el Tribunal Contencioso validó la destitución, pero una casación mantiene pendiente su salida. Ahora el juzgado rechazó suspenderlo porque, según esa resolución, la Fiscalía fundamentó mal su petición. Mora quedó sin restricciones y la Fiscalía apeló. Si falló la indulgencia judicial o la pobreza fiscal, el resultado es el mismo. La maquinaria le devuelve el escritorio, las llaves y el sello.
Cuando los controles fallan, la mafia no necesita conquistar Corte Plena. Le basta con encontrar despachos vulnerables.
Ahora la institución proclama que “la corrupción no se encubre, se investiga” y anuncia “cero tolerancia”. Qué alivio. Investigar es obligación, no heroísmo. Las esposas no sustituyen la prevención. La tolerancia cero empieza con rotación, controles patrimoniales y auditorías capaces de morder. Lo demás es propaganda con membrete.
DOS RELOJES Y UNA SOLA VERGÜENZA
Luego están los expedientes que envejecen con mayor dignidad que sus víctimas. Cochinilla lleva más de cinco años sin audiencia preliminar. Aldesa llegó a esa etapa casi ocho años después de las primeras denuncias. Reaseguros necesitó un cuarto de siglo para llegar a una absolución unánime de primera instancia, todavía no firme. Eso es tiempo humano confiscado.
Diamante casi naufragó en un machote. Una declaración defectuosa llevó a excluir escuchas y prueba derivada. Otro tribunal anuló la decisión. Años después, todavía se discute la puerta procesal.
En agosto de 2026, cuatro imputados por tentativa de homicidio quedaron libres porque la Fiscalía de Cartago no pidió a tiempo prorrogar su prisión preventiva. El Ministerio Público confirmó la omisión. Hay actuaciones que obligan a preguntar si alguien leyó el expediente o utilizó el Código Penal para envolver el almuerzo. Un reloj corre cuando el caso ofrece espectáculo. El otro bosteza y mide eras geológicas cuando incomoda.
Yendry Quirós, “La Colocha”, fue absuelta en un primer juicio. Anulada esa sentencia, otro tribunal la condenó a un mes de prisión con ejecución condicional por amenazas mediante expresiones que incluyeron “sacarle el sirope”. El fallo no está firme. Más de dos años después de abrirse la causa contra Jimena Rueda por publicar “ya esto amerita un francotirador”, no se conocía resolución final. Su parentesco con un magistrado no prueba favoritismo, pero “Trámite Rápido” ya parece un chiste escrito por la lentitud.
Y luego está Pilar Cisneros. La Fiscalía dijo haberla buscado con dos visitas y cinco llamadas antes de activar una alerta migratoria, no un impedimento de salida, para citar a una figura pública visible en Casa Presidencial. El oficio lo firmó la fiscal adjunta Edith Morera. Cisneros compareció el 4 de setiembre y su defensa pidió dejar la indagatoria para octubre por razones médicas y para estudiar el voluminoso expediente.
Esa reprogramación tiene explicación. La reclama el oficio migratorio. El director de Migración sostuvo que no reunía, a su criterio, los elementos de una alerta y pediría aclaraciones. Catalejos en aeropuertos y fronteras para lograr una citación. Hasta Kafka habría encontrado excesivo el decorado. El constitucionalista Fabián Silva calificó la actuación como un intento de “silenciar e intimidar”.
Lo digo como juicio político, no como imputación penal. Cuando el Ministerio Público corre contra unos y administra somníferos a otros expedientes, deja de parecer neutral. La legalidad formal no borra el olor a persecución política. El “lawfare” no siempre deja una orden escrita. A veces se delata en la asimetría del celo.
La responsabilidad política llega a la cúspide. Carlo Díaz permanece como fiscal general pese a una amonestación escrita de Corte Plena y reiterados pedidos de renuncia. Una sanción no es decoración. El cargo no es revelación divina, aunque él dijera que fue “elegido por Dios”, ni la Fiscalía una diócesis personal.
Su nombramiento vence el 31 de octubre. Corte Plena tendrá una ocasión limpia para no reelegirlo. El 5 de setiembre, Díaz llamó “perversa” la conducta del ministro de Hacienda por el recorte propuesto. Puede defender recursos, no convertir una discusión técnica en tarima partidaria.
La Sala Constitucional tampoco escapa. Según el Sexto Informe Estado de la Justicia, entre 2022 y 2024 incumplió el mes legal en el 77,8 por ciento de las consultas facultativas y en el 26,3 por ciento de las preceptivas. El tribunal que condena la tardanza ajena se concede plazos de hule.
El presupuesto actualizado para 2026 alcanzó ₡541.525,7 millones y el proyecto de 2027 propone ₡530.973,2 millones. En 2025, las remuneraciones absorbieron más del 80 por ciento del gasto ejecutado y la Contraloría emitió opinión adversa sobre la liquidación. Cada colón merece explicación. Este Poder exige con voz de trueno y rinde cuentas en susurros.
El Poder Judicial perdió la vergüenza y el norte por cuenta propia, expediente tras expediente, privilegio tras privilegio y silencio tras silencio. El honor institucional no se pregona. Se prueba corrigiendo, sancionando y rindiendo cuentas. Quien deja pudrir el descrédito bajo su toga no puede denunciar al espejo por desacato.
La filósofa Hannah Arendt llamó a la burocracia el “gobierno de Nadie”. El retrato calza con una Corte donde unos nombran, otros administran y, cuando llega el fracaso, todos señalan el reglamento. Muchos mandan. Casi nadie responde.
No afirmo que todo funcionario sea corrupto. Afirmo que la acumulación de investigaciones, fallas de control, omisiones fiscales, demoras y opacidad permite dictar una condena política contra la pésima gobernanza del sistema. Aquí no comparece el pueblo a pedir clemencia ante la toga. Comparece la toga ante el tribunal ciudadano.
POR TANTO. LA REPÚBLICA FALLA
El artículo 158 de la Constitución debe reformarse. Las magistraturas no deberían durar más de seis años y solo podrían reelegirse una vez mediante 38 votos afirmativos, públicos y motivados. Quien quiera continuar deberá demostrar que lo merece.
El miércoles 9 de setiembre, la Asamblea decidirá si Julia Varela suma un cuarto período. Lleva 24 años en la magistratura y podría llegar a 32. Aunque una comisión recomendó no reelegirla, ella no necesita reunir 38 votos para quedarse. Sus críticos deben reunirlos para que se vaya. El absurdo constitucional tendrá nombre, toga y votación.
Las magistraturas actuales no deben renovarse. Todas deben concluir su ciclo mediante una transición constitucional ordenada. No por desagravio, sino por higiene republicana.
También hay que reformar la Ley Orgánica, sacar a Corte Plena de la administración cotidiana y trasladarla a un órgano técnico sujeto a auditoría. Urgen procesos rigurosos de selección de jueces, fiscales y defensores, rotación, controles patrimoniales, inspecciones con dientes y sistemas antisoborno alineados con ISO 37001:2025. Los magistrados fueron elegidos para impartir justicia, no para gobernar un feudo de plazas, vehículos y silencios.
Y sí, definitivamente hay que pedir cabezas. Hablo de renuncias políticas, separaciones legales, sanciones verdaderas y fin de las reelecciones automáticas. Quien fracasó debe apartarse. Quien encubrió debe responder. Quien convirtió la independencia en escondite debe ser desenmascarado.
Quítense la careta, señores de la toga. No son propietarios de la justicia ni heredaron la República. La toga no es corona, el despacho no es trono y la independencia judicial no es un indulto administrativo perpetuo.
El tiempo de perfumar la putrefacción terminó. Este tribunal ciudadano tiene por agotada la confianza y vencido el tiempo de las excusas. El veredicto es descrédito y deshonra institucional. La sentencia, reforma constitucional. La pena, el relevo.
Así se falla. Notifíquese a la República.
Y téngase por firme. Contra esta sentencia ciudadana, señores de la toga, no existe casación.
