Las diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, Diana Murillo y Salvador Padilla, integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como otros Diputados de la Fracción verdiblanca presentaron una consulta facultativa ante la Sala Constitucional contra el Primer Presupuesto Extraordinario, tramitado bajo el expediente legislativo N.° 25.589.
Dicha iniciativa rebajaría ₡40 mil millones de los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y otros ₡30 mil millones provendrían de recursos vinculados a programas de vivienda social, para financiar necesidades financieras del Régimen No Contributivo (RNC), programa que otorga pensiones a personas adultas mayores en condición de pobreza, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad que no lograron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.
Los verdiblancos solicitan a la Sala Constitucional determinar si durante la tramitación del proyecto se incurrió en vicios esenciales de procedimiento y en una “invasión de competencias que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Ejecutivo en materia presupuestaria”.
Así, señalan que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó nueve mociones que incorporaron partidas y subpartidas que no formaban parte del texto original enviado por el Gobierno, una práctica que, según los legisladores, está expresamente prohibida por el artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
“Lo que está en discusión no es solo el destino de recursos públicos, sino el respeto a los límites que la Constitución impone a cada Poder de la República. La Asamblea Legislativa no puede sustituir al Ejecutivo en la formulación del presupuesto nacional”, señalaron las diputaciones.
La consulta también advierte que tanto el Departamento de Servicios Técnicos como el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa alertaron durante el trámite sobre los límites constitucionales y reglamentarios aplicables a este tipo de modificaciones. Para los verdiblancos, las actuaciones cuestionadas podrían constituir una violación de los artículos 177 y 180 de la Constitución Política, que reservan al Poder Ejecutivo la iniciativa y formulación presupuestaria, además de representar una afectación al principio de separación de poderes.
