Luis Paulino Vargas Solís.
Creo que es importante dimensionar apropiadamente el asunto de los sueldos de gerentes de la banca pública y la cuestión de los sistemas de “incentivo” que la Contraloría -muy a destiempo- viene a denunciar.
Yo estoy plenamente de acuerdo que el pago que se le da a Naranjo y demás gerentes es abusivo desde todo punto de vista, como es inaceptable ese sistema de retribuciones. Pero seamos claro: estas cuestiones debemos verlas, no en aislamiento, sino en su integralidad. Es una cuestión sistémica, inscrita en la forma como se concibió, ya desde sus inicios, las reformas bancarias de 1995, al establecer un sistema de competencia entre banca pública y privada asentado en criterios de rentabilidad. Lo cual se ha consolidado posteriormente en las reglamentaciones y en los principios regulatorios que aplica la SUGEF.
La banca pública ha sido obligada a comportarse -excepto por algunas diferencias de matiz de escasa significación- como si fuera privada. Y ambas -y más agudamente la segunda- se orientan hacia el negocio bancario fácil y seguro. De ahí el olvido de los objetivos de desarrollo y equidad.
Entonces, debemos entender que esos indeseables sistemas de “incentivo” que se aplican en la banca pública, seguramente son tan solo una copia de los que se aplican en la privada. Y en ambos casos se premia lo mismo: que sus respectivos cuadros gerenciales logren que su banco sea altamente rentable, aunque esa rentabilidad particular traiga muy limitado beneficio social.
Claro, tratándose de la banca pública la información es pública y circula ampliamente. En buena hora que sea así. Entretanto, de la banca privada conocemos sus elevadas ganancias, pero nada más: su gestión es por completo opaca y escapa a todo escrutinio ciudadano. Por mucho que sea privada, ello es inaceptable: porque es una actividad que, para bien o para mal, tienen amplias consecuencias para la sociedad en su conjunto, puesto que capta y canaliza ahorros y financia inversiones, todo lo cual condiciona decisivamente las formas y orientaciones del desarrollo del país.
Es tiempo de exigir total transparencia en el negocio bancario -público o privado- y la recuperación de criterios de desarrollo y equidad en su gestión.
