George Rodríguez EP. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció este sábado que, ante la negativa de la Policía Nacional de Nicaragua a autorizar la marcha programada para el domingo, para marcar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decidió suspender la manifestación.
“En vista de la Resolución que arbitrariamente ha tomado la policía (…) hemos decidido comunicarle a la ciudadanía que postergar por el momento, la convocatoria para dicha marcha, a fin de salvaguardar la seguridad de las miles de personas que estaban dispuestas a concurrir a ella en el ejercicio del derecho que nos otorga el Artículo 54 de la Constitución Política”, indicó la UNAB, en un comunicado.
Por lo tanto, la expresión colectiva de rechazo a la violencia contra las mujeres, además de la exigencia de libertad para los opresos políticos, se expresará individualmente, planteó la agrupación, en un comunicado leído en conferencia de prensa en Managua, la capital nicaragüense.
“Convocamos a expresarnos desde nuestros espacios contra la violencia, por la libertad de las presas y los presos políticos, por una Nicaragua en libertad y con justicia. Estamos unidos y unidas, decididos a reconquistar nuestras libertades. No necesitamos permiso para eso,”, expresaron.
La UNAB rectificó, asimismo, en el Comunicado #8 “Sobre la marcha del 25 de noviembre”, inexactitudes expresadas por la autoridad policial entre los argumentos para justificar la negativa a la solicitud de autorización para llevar a cabo la marcha pacífica.
“Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover ‘actos vandálicos y de terrorismo’”, agregó la agrupación opositora en el texto de cinco puntos contenidos en dos páginas.
También rechazó la afirmación policial de que, en la UNAB, participan personas involucradas en una supuesta conspiración golpista.
El movimiento opositor aludió así al planteamiento gubernamental que define, como un intento de golpe de Estado, la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua, con más de medio millar de víctimas fatales.
“Rechazamos de manera rotunda la afirmación (…) acerca de que en la Unidad Nacional Azul y Blanco participen personas involucradas en un fallido intento de golpe de estado”, aseguró la UNAB.
La conferencia de prensa se llevó a cabo un día después de que la Policía Nacional dio a conocer la Resolución, firmada por el jefe de su Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, el comisionado general Luis Fernando Barrantes.
“Resuelvo: Primero: No autorizar la movilización y manifestación que pretende realizar el día domingo 25 de noviembre 2018, la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco”, informó Barrantes, en el texto de cinco considerandos y un punto resolutivo.
La medida responde a que se trata de personas cuyo objetivo consiste en promover actos de terrorismo, además de que son investigadas por haber participado en el intento golpista, agregó el jefe policial.
“El propósito de estas personas es continuar promoviendo actos vandálicos y terrorismo para afectar a las familias nicaragüenses”, planteó, para agregar que “la Policía Nacional no autoriza, ni autorizará Movilizaciones Públicas a Personas, Asociaciones o Movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de estado que ha dejado secuelas de traumas, luto, dolor a las familias nicaragüenses”.
Los planteamientos de la UNAB y de la Policía Nacional se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado la masiva emigración de nicaragüenses, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
