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Por Heidy Valencia Espinoza*

Catalina Crespo, la recientemente electa Defensora de los Habitantes con el apoyo de 33 diputados, hace seguidismo de la política neoliberal y del conservadurismo recalcitrante. Esta votación reafirma la caracterización de la Asamblea Legislativa como una cueva de misóginos opositores a los derechos de las mujeres.
La nueva Defensora de los Habitantes destaca por su papel como asesora de la Asociación de Obras del Espíritu Santo y por trabajar para el Banco Mundial en Washington D.C. Es decir, es sumamente evidente que no será defensora del sector trabajador, popular, las mujeres o la juventud, por el contrario, representa intereses de organismos financieros internacionales y de grupos fundamentalistas religiosos que se caracterizan por ser anti-derechos.

El apoyo de los grupos fundamentalistas fue expreso. Por ejemplo, el diputado Jonathan Prendas del bloque Nueva República dijo para elmundo.cr el 12 de diciembre que “estamos confiados en el equilibrio de ella para una Defensoría de los Habitantes sopesada, equilibrada, innovadora, moderna y acorde a los principios y valores de la familia costarricense donde la vida y la familia son piedras angulares del desarrollo social”.

Entonces, esta calurosa felicitación responde a la certeza de que la nueva Defensora de los Habitantes es compatible ideológicamente con los valores cristianos que amenazan y obstaculizan los derechos de las mujeres. Sin duda alguna, su función estará mediatizada por el conservadurismo y las políticas neoliberales que reproduce. Por eso, desde ya se posiciona como enemiga de los sectores que sufren explotación y opresión, particularmente de las mujeres, quienes somos más vulnerabilizadas en el sistema capitalista y patriarcal.

La mañana del 13 de diciembre, la Defensora de los Habitantes realizó para Radio Columbia aseveraciones bastante preocupantes. Cuando se le consultó sobre su posición en torno a la firma de la norma técnica del aborto terapéutico (establecido en el artículo 121 del Código Penal como aborto impune, con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre) mencionó “la necesidad de tomar medidas para prevenir la decisión de aborto, apeló a la educación sexual para prevenir embarazos no deseados y trabajar en contra de la violencia a las mujeres para prevenir violaciones y embarazos, trabajar con el PANI para ayudar a que las parejas que no deseen criar al bebé tengan posibilidades como la adopción para no buscar un aborto”.

Las afirmaciones de la nueva Defensora de los Habitantes reflejan un grado elevado de desconocimiento de los derechos de las mujeres por varios motivos. En primer lugar, el aborto terapéutico (impune) es muy diferente al aborto practicado en ejercicio del derecho a decidir porque no necesariamente corresponde a un embarazo no deseado, pero sí a un embarazo que pone en riesgo la salud y vida de las mujeres, por eso, la legislación ya contempla la posibilidad de interrumpirlo para salvaguardar a las mujeres, aunque no se ha garantizado por la carencia de la norma técnica que brinde los lineamientos al personal profesional de la salud.

Por esta razón, el aborto impune no se puede prevenir con educación sexual o
sensibilización sobre violencia patriarcal, se trata en la gran mayoría de embarazos
cuyos productos son incompatibles con la vida extrauterina por poseer malformaciones congénitas. Es decir, son embarazos que de no interrumpirse someten a las mujeres a torturas físicas y psicológicas. Además, el desenlace será la mortalidad infantil.

En segundo lugar, si se refiere a los embarazos no deseados y el derecho a decidir,
introduce argumentos anti-derechos tan frágiles como sus afirmaciones porque apela a la posibilidad de brindar en adopción a quienes no deseen el embarazo, es decir, está de antemano obligando a continuar con un embarazo no deseado, independientemente de los factores socioeconómicos y psicológicos que rodeen a los cuerpos gestantes.

Por último, la Defensora de los Habitantes afirmó que considera “necesario un protocolo médico para lidiar con el aborto impune, para que los médicos sepan exactamente en qué caso y así no haya discriminación…y que sea en caso de peligro de la madre y la vida del bebé con autorización de la mujer.” Entonces, deja en claro que sí conoce la diferencia entre aborto libre y aborto impune, pero, aunque la consulta radicaba en aborto impune, aprovechó la oportunidad para rechazar el derecho a decidir. Además, es alarmante que insista en un protocolo médico cuando el Ministerio de Salud maneja una norma técnica que establece esos parámetros y por la cual, desde el movimiento de mujeres, presionamos al presidente Carlos Alvarado para la firma inmediata.

En resumen, Catalina Crespo, nueva Defensora de los Habitantes, con sus declaraciones se posiciona enemiga de los derechos de las mujeres, deja en claro a quiénes defenderá: a los sectores empresariales y conservadores que nos violentan y arremeten contra nuestro derecho a decidir.

De igual manera, este gobierno demuestra que no avanza en derechos tan elementales como la firma de la norma técnica porque utiliza nuestros derechos como moneda de cambio para aprobar políticas económicas que profundizan aún más el deterioro de nuestras condiciones de vida.

Así la situación, no depositamos ninguna confianza en que Casa Presidencial con Carlos Alvarado y Rodolfo Piza avancen en la firma de la norma técnica, tampoco en el Ministro de Salud, Daniel Salas, quien ha manifestado que no es urgente la norma técnica. Por nuestra parte, desde el movimiento de mujeres, organizaciones feministas y revolucionarias continuaremos esta lucha de carácter internacional para exigir en las calles el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, así como la firma inmediata de la norma técnica que garantice el aborto impune con los mejores estándares médicos y de derechos humanos.

*Las Rojas-Nuevo Partido Socialista.


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