Aarón Chinchilla EP. | La Organización de Naciones Unidas (ONU) se desligó del criterio que emitieron los relatores independientes sobre el proyecto 21.049 de huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa.
A través de un oficio, el ente internacional señaló que la posición externada representa los criterios independientes de relatores y no es necesariamente la posicion oficial del Consejo de los Derechos Humanos (CDH), ni de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los Relatores Especiales trabajan de manera voluntaria y no son personal de la ONU. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Asimismo, se detalló que, al ser sus criterios y posiciones independientes, los expertos no están sometidos a la supervisor de la Secretaria de las Naciones Unidas. Por tanto sus recomendaciones no son de carácter vinculante.
Los análisis y valoraciones de los relatores constituyen insumos valiosos que deben ser considerados por parte de los Estados. Es potestad del Estado Costarricense valorar estas recomendaciones emitidas por los expertos internacionales (…)
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Sobre el proyecto de huelgas, tres relatores especiales, contactados por los sindicatos, manifestaron que el proyecto sobre huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa “podría incurrir en potenciales violaciones a los derechos humanos (DDHH) en el país”.
Asimismo, consideraron que se limitaría el derecho de huelga, de una forma, que va más allá de lo que se puede considerar aceptable en una sociedad democrática.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta.
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