Al menos el 70% de los sospechosos detenidos permanece bajo prisión preventiva, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que desmiente la narrativa sostenida por el presidente Rodrigo Chaves y su equipo, quienes han insistido en que la mayoría de los imputados recupera la libertad tras ser arrestados.
En los últimos tres años, la policía judicial ha enviado a unas 3.000 personas a la cárcel, informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, en una comparecencia ante el Congreso.
Zúñiga explicó que, aunque la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, en Costa Rica se aplica a la mayoría de los principales sospechosos. “Cuando el OIJ y la Fiscalía actúan, aproximadamente el 70% de los casos en que se solicitan medidas cautelares terminan en prisión preventiva”, detalló.
El jefe policial aclaró que no todos los imputados tienen el mismo nivel de participación en los delitos ni representan igual riesgo. En los casos de homicidios y secuestros, la prisión preventiva es casi automática, mientras que para colaboradores secundarios basta con reseñarlos.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, recalcó que la solicitud de prisión preventiva depende de cada caso: “Nos hemos enfocado en atacar la delincuencia violenta, el crimen organizado y la corrupción. Cuando corresponde y es necesario, la pedimos”.
El aumento en las detenciones ha generado presión sobre el sistema penitenciario. Según Zúñiga, la población carcelaria pasó de 15.000 a 18.000 personas durante el actual gobierno, lo que ha obligado al Ministerio de Justicia a proyectar nuevas ampliaciones en centros como La Reforma.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, reconoció que la sobrepoblación penitenciaria ya alcanza el 39% y podría llegar al 40%. Sin embargo, pese a estos números, el presidente Chaves y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, han reiterado que el problema radica en la supuesta liberación temprana de detenidos por parte del Poder Judicial.
“La policía hace lo posible, el Ministerio de Justicia los guarda en máxima seguridad, pero hay otros que los sueltan casi al mismo tiempo que entran”, dijo Chaves en una visita a Limón.
Zamora, por su parte, insistió en que las leyes deben endurecerse y en que los jueces deben aplicarlas con mayor firmeza: “La Fuerza Pública lleva 140 mil aprehensiones. Sin embargo, muchos vuelven a quedar libres para seguir delinquiendo”.
