George Rodríguez EP. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió este miércoles exhortar a la aplicación de medidas diplomáticas adecuadas con el propósito de dar solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea hace más de cuatro meses a Nicaragua.
El organismo continental también reafirmó su condena a las violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la represión antiopositora –lo mismo policial que parapolicial- que mantiene el gobierno de ese país centroamericano.
Los planteamientos son parte de la resolución aprobada por la mayoría de los países integrantes de la entidad en el marco de una nueva sesión extraordinaria convocada para abordar el caso de Nicaragua.
Según el sétimo de los ocho puntos resolutivos del documento de poco más de dos páginas, el consejo formuló “un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas diplomáticas apropiadas para coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
La resolución también incluyó una expresión de fuerte condena a las violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la dramática situación.
En ese sentido, la veintena de países que apoyó el texto, planteó la decisión de “reafirmar su enérgica condena por los actos de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros contra el pueblo de Nicaragua” documentados en recientes informes de organismos internacionales.
La resolución aludió así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Las denuncias contenidas en los informes de ambas entidades han sido objeto de severa crítica por parte del gobierno nicaragüense, el que, entre otras acciones, finalizó abruptamente, el 30 de agosto, la invitación que había formulado a la Oacnudh para que enviase un grupo de trabajo al país.
En ese sentido, la resolución incluyó un llamado a la ad ministración del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a que facilite el trabajo de la CIDH en el país.
El texto señaló la decisión de “urgir al gobierno de Nicaragua a que cumpla con su compromiso de facilitar y brindarle la asistencia necesaria a la CIDH y específicamente con el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI) dándoles acceso y entregándoles la información necesaria para el adecuado implementación de sus mandatos”.
De acuerdo con lo explicado en el informe que, sobre la situación en Nicaragua, la CIDH presentó el 22 de junio al Consejo Permanente de la OEA, el Meseni tiene, entre otros cometidos, el de monitorear el estado de las garantías fundamentales en el país.
“El presente informe orienta la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), mismo que tiene el objeto dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones producidas en los informes elaborados en este contexto y a las medidas cautelares otorgadas en el contexto objeto de este documento, así como mantener el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, explicó la CIDH en el texto de 91 páginas titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.
El documento fue elaborado luego de la visita que una misión de la CIDH llevó a cabo, del 17 al 21 de mayo, a Nicaragua, para verificar, en el terreno el estado de los derechos humanos en el país centroamericano.
Por su parte, el GIEI fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, texto suscrito el 30 de mayo, en la sede de la organización continental, en Washington.
Según lo indicado en el documento, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El grupo tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
Estas y otras iniciativas de la OEA referidas a la crisis nicaragüense han sido objeto de fuerte crítica por parte del gobierno de ese país, en particular Ortega y Moncada, quienes han calificado, reiteradamente, lo actuado por la organización continental como medidas injerencistas promovidas principalmente por Estados Unidos.
La resolución del Consejo Permanente también incluyó “un llamado para generar las condiciones para restablecer el diálogo comprometido y de buena fe entre las partes, y exhortar al Gobierno de Nicaragua para que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”.
El texto aludió así al Diálogo Nacional convocado por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, para procurar solución negociada a la crisis, y a los planteamientos de la oposición –rechazados por el gobierno- en cuanto a adelantar, a marzo del año próximo, las elecciones previstas para 2021.
Instaladas el 16 de mayo, las conversaciones sufrieron tempranas interrupciones, a causa de la intransigencia de los actores centrales –el gobierno, representado por una delegación encabezada por Moncada, y la oposición, representada por una delegación de la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
El diálogo está suspendido desde finales de junio, en el marco, además, de una fuerte confrontación entre el gobierno y la CEN.
La resolución del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada con 19 votos a favor, frente a cuatro en contra y ocho abstenciones.
El apoyo fue proporcionado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana , Santa Lucía, Uruguay.
Los votos en contra fueron emitidos por Nicaragua, San Vicente, Venezuela, Bolivia, mientras los países que optaron por abstenerse fueron Barbados, Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del impopular decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño considerable a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
