George Rodríguez EP. La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) dese mantener vigente el Diálogo Nacional, del que es mediadora y testigo, aseguró este domingo el presidente de la conferencia, cardenal Leopoldo Brenes.
Los obispos nicaragüenses reciben solicitudes de numerosas personas en ese sentido, además de que existe respaldo de sus colegas a nivel internacional, expresó Brenes, quien ofició misa dominical en la Catedral Metropolitana en Managua, la capital nacional.
“Nosotros queremos mantener viva esa llamita”, aseguró el cardenal, quien también es arzobispo de Managua, en alusión al diálogo que, e instalado el 16 de mayo para procurar solución negociada a la violenta crisis sociopolítica estallada en abril, está interrumpido desde julio a causa de la intransigencia de sus actores centrales: gobierno y oposición.
La CEN, cinco de cuyos 10 miembros integran la Comisión de Mediación Testigo del Diálogo Nacional, es objeto de solicitudes en el sentido de seguir impulsando las conversaciones, dijo el religioso.
“Una cantidad de personas que nos dicen: ‘no se retiren del diálogo’”, además de que “sabemos que hay todo un apoyo, a nivel internacional, de las Conferencias Episcopales, de líderes políticos, aún en muchos líderes de izquierda que están invitando a que se siga promoviendo el diálogo”, aseguró.
Respecto a la presente suspensión de las conversaciones entre el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Brenes dijo que ello es frecuente en los diálogos de paz, y se refirió a las negociaciones entre el gobierno revolucionario (1979-1990) del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la contrarrevolucionaria Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), financiada por Estados Unidos.
Ese diálogo de paz facilitó el fin de la guerra (1982-1990) en Nicaragua, tal como ocurrió con los conflictos armados internbos de El Salvador (1980-1992) y Guatemala (1960-1996) –el más extenso de Centroamérica-.
Los respectivos diálogos pacificadores se desarrollaron en el marco de los acuerdos contenidos en el Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, firmado en 1987 por los entonces presidentes Oscar Arias (Costa Rica), José Azcona (Honduras), Marco Vinicio Cerezo (Guatemala), José Napoleón Duarte (El Salvador), y Daniel Ortega (Nicaragua).
En el caso nicaragüense, las negociaciones fueron indirectas, y se desarrollaron en diferentes países, con mediación del recientemente fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo –entonces arzobispo de Managua-, hasta que el gobierno sandinista decidió que el diálogo fuese directo, para lo cual nombró como jefe negociador al entonces ministro de Defensa y jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), general Humberto Ortega.
Las negociaciones tuvieron culminación al inicio del gobierno (1990-1997) presidido por Violeta Chamorro.
Brenes explicó que, durante esos complejos procesos de negociación, en particular el de Nicaragua, “a veces daba la impresión de que el diálogo se caía, porque las partes se retiraban de la mesa (…), pero luego seguía”, y así fue posible lograr un acuerdo.
Los obispos mantienen la voluntad de continuar el Diálogo Nacional sin perjuicio de la acusación lanzada en un acto público el 19 de julio, por Ortega, en el sentido de que la presente crisis sociopolítica obedece a un intento por derrocarlo, y que los obispos son parte de Lam conspiración golpista.
El mandatario aseguró que, durante una reunión que desarrolló con los 10 obispos, poco después de iniciado el Diálogo Nacional, los religiosos mostraron compromiso con el sector golpista.
“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas”, de modo que, “ahí mismo, ellos se descalificaron como mediadores, se descalificaron como testigos. Por qué? Porque su mensaje claro fue el golpe”, subrayó Ortega, quien aseguró que “un golpe de Estado querían provocar, en Nicaragua, dicho por ellos”.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense estalló el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, días después, la generalizada protesta popular a nivel nacional –traducida en “tranques” (bloqueos carreteros), barricadas en barrios, masivas manifestaciones antigubernamentales-, se centra en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
No obstante la incalificable oposición popular, la pareja gobernante se ha negado a abandonar el poder, y ha respondido, en cambio, intensificando la represión antiopositora.
La represión por parte de efectivos de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales progubernamental ha cobrado casi 450 vidas, generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado daño en gran proporción a la economía nicaragüense.
