En la misiva señalan que siempre estuvieron anuentes a ejecutar “el proyecto”, sin embargo debido al pronunciamiento de la Mandataria Laura Chinchilla en Cadena de Radio y Televisión en el que terminaba con el contrato “por mutuo acuerdo”, OAS reitera su colaboración con la Administración para terminar con el contrato.
En total son 45.9 millones de dólares que saldrán del bolsillo de las y los costarricenses si el Gobierno accede a la petición de OAS. La compañía indica que de ese total, 33.9 millones de dólares son de la inversión realizada en pagos a la compañía Autopistas del Valle, que ganó la concesión inicialmente, 11 millones corresponde a la inversión realizada por OAS y el restante (cerca de un millón) por especies fiscales.
La compañía brasileña señala en la misiva que el importe de las inversiones aceptadas, así como de los nuevos gastos e inversiones y de los timbres a reintegrar “devengarán intereses, a una tasa razonable de mercado que acordarán ambas partes”. La carta cita además, que el interés de las inversiones aceptadas corren desde la fecha en que se firmó el convenio entre OAS y Autopistas del Valle, mientras que el interés de los nuevos gastos e inversiones “se reconocerán a partir del anuncio de terminación del contrato de mutuo acuerdo por parte de la Presidencia de la República”, agrega la carta.
Para el diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza, el mutuo acuerdo anunciado por la Presidenta Chinchilla fue “una más de esta larga cadena de mentiras que han pretendido justificar un contrato pensado para beneficiar a la empresa concesionaria -y a sus socios en Costa Rica- en perjuicio de todos los ciudadanos y ciudadanas”
Para el legislador, el Gobierno debe anular, de una vez por todas, ese contrato “cargado de ilegalidades”. Asegura que sí se le da largas, sólo se evidenciará que el gobierno no está del lado de la ciudadanía.
“Respaldamos la decisión del Foro de Occidente de solicitar una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso para evitar que se concrete el compromiso de pagar la indemnización de $45 millones. Desde la Asamblea Legislativa, vamos a presionar para que inicien los procedimientos administrativos y judiciales contra los funcionarios responsables de este contrato, visiblemente contrario a los intereses del pueblo costarricense”, manifestó Mendoza.
Por su parte la Defensoría de los Habitantes solicitó hoy rechazar la petición de OAS. Asimismo, urgió al Gobierno a aclarar las dudas sobre la validez del contrato con la firma brasileña.
“Costa Rica no puede darse el lujo de cancelar por una obra no realizada, máxime en la situación de rezago de infraestructura en la que se encuentra el país”, manifestó en conferencia de prensa la Defensora Ofelia Taitelbaum.
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