El Poder Judicial volvió a encender las alarmas este lunes ante un nuevo recorte presupuestario promovido por el Ministerio de Hacienda, que esta vez asciende a ₡23.721 millones y tendría uno de sus principales impactos en la operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La discusión se produjo durante la sesión de Corte Plena, donde los magistrados cuestionaron la magnitud del ajuste. A ellos se sumaron , el director del OIJ, Michael Soto, y el fiscal general, Carlo Díaz, quienes señalaron que habría afectaciones directas en la oprtación judicial.
El nuevo recorte se plantea apenas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara reducir en ₡13.242 millones su presupuesto de 2026, como respuesta a una solicitud previa del Gobierno. Además, Hacienda había retenido ₡3.053 millones de recursos operativos, aunque posteriormente dio marcha atrás y liberó esos fondos.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó ante Corte Plena que el OIJ asumiría el 40,2% de la reducción planteada. Eso equivale a ₡9.536 millones distribuidos en 62 partidas presupuestarias. Según la exposición, el ajuste afectaría recursos destinados a combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos, insumos para laboratorios y otras necesidades vinculadas directamente con las investigaciones criminales.
Romero cuestionó además la viabilidad técnica de la propuesta y sostuvo que Hacienda estaría utilizando información presupuestaria desactualizada.
De acuerdo con los datos presentados ante los magistrados, de los ₡23.721 millones que se pretende recortar, alrededor de ₡17.258 millones corresponden a recursos que ya fueron utilizados o se encuentran comprometidos La directora ejecutiva advirtió que aplicar un recorte de esa magnitud en este momento tendría consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Por su parte, el director del OIJ, Michael Soto, expuso ante los magistrados que la reducción de ₡9.536 millones comprometería partidas fundamentales para el funcionamiento de la Policía Judicial. Entre ellas mencionó el combustible necesario para movilizar personal durante investigaciones, atender víctimas, realizar diligencias y trasladarse a diferentes puntos del país. También advirtió sobre el impacto en los viáticos de los oficiales, particularmente durante operativos que requieren movilizar personal desde distintas regiones.
«Las organizaciones criminales deben estar frotándose las manos»
La posibilidad de un nuevo recorte provocó una reacción particularmente fuerte entre los magistrados. El magistrado Gerardo Alfaro calificó el impacto sobre el funcionamiento diario del OIJ como “gravísimo” y advirtió que una reducción de esta naturaleza representa un retroceso frente a las organizaciones criminales.
Según Alfaro, estas estructuras “deben estar frotándose las manos” ante la posibilidad de que se reduzcan los recursos destinados a investigar y perseguir delitos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano también cuestionó la contradicción entre el discurso oficial de combate a la criminalidad y el recorte que concentraría una parte significativa de sus efectos en el OIJ.
“Entre mejor lo hagan, los golpeamos más fuerte para que no tengan recursos y no combatan la criminalidad”.
Para la magistrada, el recorte castiga precisamente a las instituciones encargadas de investigar y perseguir las organizaciones criminales.
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, pidió que la Corte tome acciones inmediatas para impedir que el recorte avance. Incluso solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, buscar acercamientos con diputados de oposición para explicar el impacto de la medida.
Araya también dirigió cuestionamientos al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves: “¿A favor de quién está? ¿Del crimen organizado y del narcotráfico o a favor de los costarricenses decentes y honorables?”, cuestionó durante la sesión.
Carlo Díaz: “Con este caos, ¿qué es lo que se pretende?”
El fiscal general, Carlo Díaz, llevó la discusión a un plano todavía más político. Díaz calificó la nueva pretensión de Hacienda como una medida “intempestiva” y “perversa” y advirtió que hacer efectivo el recorte provocaría un “caos” en el funcionamiento institucional.
Entonces lanzó una de las declaraciones más fuertes de la sesión.
“Y con este caos, ¿qué es lo que se pretende? Tomar en definitiva el Poder Judicial, a este proyecto político que yo también he mencionado en otras ocasiones”.
El fiscal general sostuvo que la reducción presupuestaria limitaría las capacidades del Ministerio Público, del OIJ y del resto del Poder Judicial.
Según Díaz, posteriormente esa disminución de capacidades podría alimentar el discurso de que el sistema judicial no funciona o es ineficiente.
“Disminuir las capacidades del Ministerio Público, del OIJ y por supuesto del Poder Judicial, y posteriormente elevar la crítica que ya se ha venido dando al Poder Judicial, diciendo que no funcionamos, que somos ineficientes”, manifestó.
Al finalizar la discusión, Corte Plena acordó autorizar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para presentar las acciones administrativas y legales que correspondan en defensa del presupuesto institucional.
