El diputado electo y próximo jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, presiona por la implementación de un plan que permita realizar allanamientos sin orden judicial como parte de una eventual suspensión de garantías constitucionales, en el marco de las medidas que el Gobierno impulsa para enfrentar la inseguridad.
En el programa Interferencia de Radios Universidad de Costa Rica (UCR), Acosta defendió que se pueda ingresar a una vivienda sin inmueble sin tener, tal como establece la ley; Así, refirió que “hace algunos días, una jueza no permitió que el OIJ entrara en un edificio de una empresa de seguridad, aunque había indicios de que había droga ahí. 72 horas después, otro juez firmó y permitió; encontraron 400 kilos de droga”.
“La pregunta es: ¿cómo podés actuar en un régimen que no necesariamente está respondiendo a la dinámica que tenemos hoy?“, dijo.
Cuestionado sobre la posible violación de derecho a la propiedad, Acosta señaló que “¿cuál es el daño?”.
“¿Cuál fue el daño? ¿La persona tuvo alguna repercusión? No lo estás valorando, solo estás viendo algo en tu tema personal. Si hay algún daño (al inmueble o personas) tienen que pagarlo (…)”, agregó.
De aprobarse, permitiría modificar temporalmente derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de tránsito y la libertad de reunión
En ese contexto, uno de los cambios más significativos sería la posibilidad de ejecutar allanamientos sin orden judicial, lo que implicaría trasladar la decisión de ingreso a una vivienda desde el ámbito judicial hacia autoridades operativas.
Argumentos del oficialismo
Acosta ha defendido la iniciativa señalando que el país enfrenta un escenario de criminalidad que requiere respuestas más ágiles por parte del Estado.
Según ha indicado, los procedimientos actuales pueden generar retrasos que limitan la efectividad de los operativos policiales, especialmente en casos vinculados al narcotráfico.
En ese sentido, ha sostenido que la eliminación del requisito de orden judicial permitiría actuar con mayor rapidez, reduciendo la posibilidad de que se pierdan pruebas o se frustren intervenciones.
Requisitos y viabilidad política
La suspensión de garantías constitucionales requiere el respaldo de al menos 38 diputados en la Asamblea Legislativa.
Este umbral obliga al oficialismo a buscar acuerdos con fracciones de oposición, en un tema que, desde ya, genera posiciones encontradas. Desde ya, Liberación Nacional (PLN) se plantó contra la intención del diputado chavista.
A ello se suma que la propuesta genera dudas legales. La inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución Política, establece que ninguna autoridad puede ingresar a una vivienda sin orden judicial, salvo excepciones muy específicas.
Modificar este principio implicaría alterar uno de los mecanismos de control más relevantes sobre el poder del Estado, al eliminar la intervención previa de un juez en este tipo de actuaciones.
