Por Antonia Urrejola Noguera. Excanciller de Chile. Abogada y política chilena. Fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Nicaragua.
El 2018, los nicaragüenses salieron a protestar contra una reforma al sistema de pensiones. La respuesta del régimen Ortega-Murillo fue una violenta represión, y una escalada autoritaria. Los desafíos que enfrenta la oposición en el exilio para la recuperación de la democracia, no solo importan a los nicaragüenses: muestran algunos aspectos esenciales de la democracia a nivel global.
La CIDH ha documentado al menos 355 muertos y 3,200 detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas, el cierre de unas 5,400 organizaciones de la sociedad civil, y la persecución sistemática a opositores; así como la desnacionalización a 452 personas declaradas “traidoras a la patria”. El GIEI de la OEA y el GHREN de la ONU han señalado que estos abusos constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y sancionados.
La represión no se ha detenido. Un triste ejemplo de ello es la muerte, el pasado 30 de mayo, de Brooklyn Rivera, diputado y líder histórico miskitu, tras 32 meses de desaparición forzada. Por otro lado, el asesinato en junio de 2025 en San José, de Roberto Samcam, opositor y mayor de ejército en retiro, mostró los alcances de una red transnacional de represión nicaragüense. Esta red no solo había sido denunciada por Samcam, sino que también ha sido documentada por el GHREN.
El deterioro de la democracia también es patente: la impunidad campea gracias al control total del gobierno de todos los poderes e instituciones del Estado, a la amañada mantención en el poder de los Ortega-Murillo, por medio -entre otras- de las elecciones de 2021, reconocidas como ilegítimas por la oposición y la comunidad internacional y una reforma constitucional que, en 2025, consolidó al régimen familiar autoritario.
La situación en Nicaragua es una tragedia, pero también entraña algunas lecciones a tener presentes.
La oposición en el exilio parece tener claro que para la recuperación de la democracia no son suficientes las acciones de la comunidad internacional: necesita unidad y eso incluye a propios y adversarios. Esa unidad, que obliga a personas con visiones muchas veces opuestas, debe tener una base común para ser sólida y estable. Es ahí donde resulta obligatorio hacer explícitos el respeto de la democracia y los derechos humanos como base esencial de la oposición contra la barbarie y el autoritarismo.
Ello es necesario para la esencial unidad entre las diversidades opositoras pero también ayudará a que la futura transición no quede a merced de nuevos proyectos autoritarios. Los nicaragüenses saben muy bien de transiciones sin este pilar en su propia historia como para caer de nuevo en esa misma trampa.
La realidad regional nos revela otro aspecto importante de esta reflexión: la promoción de acuerdos estables sobre democracia y derechos humanos entre adversarios políticos debe ser la base para evitar que, frente a cada elección, el cambio político ponga en riesgo los acuerdos básicos de nuestra vida en sociedad.
*Este artículo se publicó originalmente en La Tercera.
