George Rodríguez EP. La Policía Nacional de Nicaragua informó, este miércoles, que resolvió no permitir la realización de la marcha pacífica que el sector empresarial proyectaba realizar esta semana.
La resolución indica “no autorizar la marcha que pretende realizar el Consejo Superior de la empresa Privada, (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, conocida como AMCHAM, y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo económico y social, (FUNIDES), el día 24 de enero, a partir de las 1:30,p.m.”.
Ello, para evitar que la población nicaragüense esté expuesta a una situación de riesgo, según lo indicado en la resolución de casi ocho páginas, firmada por el jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, comisionado general Olivio Hernández Salguera.
“No autorizar, por lo tanto, ninguna actividad que exponga a Personas, Familias o Bienes, al peligro; que alteren el Orden y los Derechos Sociales y el Derecho a la Paz de las Familias nicaragüenses, Derechos del Pueblo que la Policía Nacional defiende y protege en nuestro País”, afirmó Hernández, en el documento.
Entre las razones expuestas como sustento de la prohibición, el funcionario policial mencionó que, si bien fue descrita como una actividad cívica y pacífica, la marcha, en realidad, no lo sería.
“Todos en Nicaragua conocemos y hemos padecido las consecuencias violentas de esas nada pacíficas o cívicas actividades”, alegó.
De acuerdo con denuncias de organizaciones de derechos humanos y víctimas, las masivas manifestaciones populares pacíficas llevadas a cabo contra el gobierno, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace nueve meses afecta a Nicaragua, han sido fuertemente reprimidas, con uso de armas de guerra, por efectivos policiales -principalmente antidisturbios- y civiles progubernamentales.
El jerarca policial también acusó, a las entidades solicitantes del permiso, de haber participado en lo que el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, califican de frustrado intento golpista, registrado el 8 de abril.
Esa es la justificación oficial de la represión policial y parapolicial que desde entonces el régimen mantiene contra toda expresión de oposición, lo que ha generado centenares de víctimas fatales.
“Los solicitantes fueron partícipes en el Golpe de Estado Fallido de Abril del año pasado, que trajo como consecuencia la pérdida de valiosas vidas humanas, torturas, lesiones, sangre derramada entre Hermanos Nicaragüenses, también provocando daños en la propiedad pública y privada, afectando gravemente la Economía Familiar y la Economía Nacional, delitos tipificados en nuestro Código Penal, causando desempleo entre las y los Nicaragüenses”, afirmó, en el primero de los seis considerando de la resolución policial.
Hernández mencionó, como justificación para la prohibición, precisamente los hechos que organizaciones locales e internacionales de derechos humanos vienen denunciando como resultado de la violencia gubernamental antiopositora.
“Los solicitantes actuaron delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios constitucionales a través de la violencia y el terror”, afirmó, asimismo.
También los acusó de haber sido responsables de las barricadas erigidas en barrios de ciudades a nivel nacional y los “tranques” –bloqueos- colocados en puntos de las principales carreteras del país como protección de las comunidades contra las acciones represivas gubernamentales.
“Ellos fueron promotores, incitadores, responsables de la realización de tranques en el País, donde se torturó, violentó, violó y asesinó a nicaragüenses. Ellos promovieron todo tipo de alteraciones al orden y la paz social, pretendiendo violentar la voluntad soberana del pueblo y lograr desde sus diabólicas intenciones, por medio de la violencia, el terror y el miedo, dar Golpe de Estado al legítimo y legal Gobierno del Pueblo, electo de forma legal, libre y democrática, lo que violenta derechosa fundamentales del pueblo nicaragüense”, argumentó.
Cosep, Amcham, y Funides informaron, el 21 de enero, que habían solicitado autorización policial para llevar a cabo una manifestación pacífica.
El anuncio estuvo contenido en un comunicado que las tres entidades empresariales dieron a conocer, en conferencia de prensa, luego de una reunión.
“Hacemos del conocimiento público que en correspondencia con el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece en forma expresa el derecho de los nicaragüenses a ‘la concentración, manifestación y movilización o pública de conformidad con la ley’, procedimos a solicitar ante la Dirección General de la Policía Nacional el permiso y la autorización para concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos de forma cívica y pacífica”, indicaron.
Asimismo, solicitaron protección policial para la manifestación, de acuerdo con lo que señalaron en el comunicado.
“En la misiva, que fue remitida a las autoridades competentes, también solicitamos se nos brinde la protección policial debida, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los ciudadanos que participemos en esta actividad”, agregaron.
La solicitud de las agrupaciones empresariales fue presentada no obstante el hecho de que, en octubre del año pasado, la Dirección General policial informó que no autorizaría ninguna movilización antigubernamental.
La más reciente movilización de calle organizada por el sector privado nicaragüense tuvo lugar el 7 de julio de 2018, que fue la marcha “Juntos somos un volcán”, llevada a cabo un día antes de un paro nacional de 24 horas.
De haberse autorizado, la nueva manifestación se habría llevado a cabo seis días después de haberse cumplido el noveno mes desde el inicio de la violenta crisis sociopolítica.
Estallada el 18 de abril, la dramática situación ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que está actualmente centrándose en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
