Gerorge Rodríguez EP. La recientemente aprobada ley nicaragüense antinarcotráfico y antiterrorismo podría facilitar la criminalización de actividades de protesta opositora pacífica, advirtió este martes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
La Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada el lunes por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), congreso bajo virtual control gubernamental, presenta redacción vaga, particularmente en un artículo, aseguró, en declaraciones a periodistas en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la Oacnudh, el vocero de la entidad, Rupert Colville.
“Tenemos una preocupación particular por el artículo 394, que define como terrorista a alguien que cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos con la intención de intimidar a la población y altere el orden constitucional. El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, advirtió.
La legislación prevé sanciones de 15 a 20 años de prisión para cometa actos terroristas.
También castiga a quien, entre otros delitos, “recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos (…) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo”.
Colville señaló, asimismo, que se observa, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace casi tres meses golpea a Nicaragua, la tendencia a criminalizar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos quienes han participado en las protestas antigubernamentales.
En ese sentido, el portavoz de la Oacnudh, citado en un comunicado de la agencia especializada de Naciones Unidas, mencionó el caso de los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos la semana pasada –y cuyo paradero se desconoce-, el primero de los cuales fue señalado como terrorista.
Ambos “podrían ser víctimas de desapariciones forzadas”, advirtió Colville, quien agregó que “pedimos a las autoridades nicaragüenses que proporcionen información inmediata sobre su paradero y nos permitan a nosotros y a otras organizaciones de derechos humanos el acceso a todas las cárceles y otros centros de detención donde se cree que están detenidos”.
La Oacnudh responsabilizó al Estado nicaragüense por la escalada de violencia que se registra ininterrumpidamente en diferentes puntos del país, incluidas las “operaciones limpieza”, acciones policiales y parapoliciales de remoción, a nivel nacional, de “tranques” –bloqueos carreteros- y barricadas –en calles de barrios de numerosas ciudades-.
Colville agregó que la violencia ha sido “fundamentalmente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales”, responsables de delitos tales como ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, entre otros, cuyo “telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso”.
En defensa de la ley, el presidente de la Comisión de Producción, Presupuesto y Economía, Walmaro Gutiérrez, negó que el propósito de la iniciativa sea el de perseguir y criminalizar la protesta social.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, aseguró que la ley apunta a fortalecer la legislación nicaragüense para nivelarla con disposiciones internacionales en la materia.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En casi tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado más de 350 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
