George Rodríguez EP. Los participantes en la negociación gobierno-oposición, para buscar solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, continuaron, este jueves, el debate de los temas que contendrá la agenda de las conversaciones, informaron fuentes opositoras participantes en el diálogo.
El documento quedaría estructurado, a más tardar el lunes, de acuerdo con los informantes quienes, en el marco de secretismo en que se lleva a cabo la negociación, indicaron, a periodistas, que no proporcionarían detalles de los temas.
También la próxima semana se conocería quiénes serán los testigos y acompañantes de las deliberaciones, señalaron los integrantes de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), concluida la sétima jornada de la negociación gobierno-oposición.
“Como saben, en la Hoja de Ruta, acordamos que, una vez que acordamos los temas de agenda, los compartimos, pero, por el momento, no es cosa que podamos adelantar”, dijo Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y representante de la ACJD en el diálogo, e indicó, en términos generales, que, “en algunos tópicos, a nivel general, inclusive hay coincidencias, pero todavía hay cosas que afinar”.
En cuanto a los testigos y acompañantes, Arana indicó que las partes están a la espera de lo que respondan las iglesias católica y evangélica, que fueron invitadas a designarlos.
“Obviamente, quisiéramos que, cuando ya acordemos la agenda, ellos ya estén siendo parte del esfuerzo, porque creemos que eso le dará fuerza y legitimidad y garantía a muchos que dudan de lo que estamos tratando de hacer aquí”, precisó.
El dirigente empresarial hizo así referencia a la invitación formulada, por escrito, a dos líderes católicos y uno evangélico, según informaron, el 5 de marzo, ambas partes, en un breve comunicado conjunto al cierre de la quinta jornada de la negociación.
Se trata del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –en calidad de testigo y acompañante internacional-, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, y el coordinador de Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación, pastor Ulises Rivera –ambos, como testigos y acompañantes nacionales-, de acuerdo con lo que las partes informaron entonces.
Las invitaciones son extensivas, en el caso de Sommertag, al secretario de la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, Andrea Piccioni, y en los casos de Brenes y Rivera, respectivamente, a dos asesores, indicaron.
Sommertag ha asistido, cotidianamente, a las deliberaciones.
El presente diálogo se desarrolla entre delegaciones, respectivamente, del gobierno nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, y de la ACJD.
La negociación inició el 27 de febrero, en presencia de Brenes y Sommertag, ocho meses después de suspendido el diálogo para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Esas conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen orteguista, con cinco de los 10 integrantes de la CEN constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo –casi un mes después de iniciada la crisis-, el diálogo quedó suspendido en junio, causa de las profundas desavenencias entre la parte gubernamental –representada por una delegación encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada- y la parte opositora –representada por la ACJD-.
En tal contexto, la participación de los obispos, en el diálogo, fue objeto de fuertes acusaciones por parte del gobierno.
Ortega, quien sostiene que la actual crisis nacional se originó en un intento de golpe de Estado, afirmó, en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, que el episcopado participó en esa conspiración.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
