George Rodríguez EP. Un acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de los presos políticos en Nicaragua fue convenido en la jornada doce de la negociación para hallar solución a la violenta crisis sociopolítica del país, informaron, este viernes, las delegaciones gubernamental y opositora en las conversaciones.
La información fue divulgada en un comunicado conjunto de las delegaciones negociadoras, respectivamente, del gobierno nicaragüense y de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), texto de ocho párrafos en el cual no se incluyó detalles del acuerdo.
Las partes aprobaron “el contenido de un acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país, para el cual se ha solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)”, señalaron.
La fecha corresponde al inicio de la dramática situación que afecta al país centroamericano.
“El mecanismo de seguimiento del proceso de liberación de presos iniciará conciliando y actualizando las listas del Gobierno, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la Alianza Cívica”, precisaron.
Las condiciones de reclusión de los presos políticos serán mejoradas, de acuerdo con lo indicado en el texto conjunto.
En ese sentido, acordaron que, “mientras se desarrolla el proceso de liberación, las partes acordaron solicitar que los privados de libertad sean ubicados en régimen común, se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad y se les permitan visitas en situaciones especiales y de emergencia”.
Otro de los temas en torno a los cuales se logró coincidencia se refiere a la agenda de las conversaciones a desarrollarse la próxima semana, indicaron.
Se trata de “la programación de la agenda de discusión para la siguiente semana, comenzando con el tema de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas el lunes 25 de marzo”, de acuerdo con la información oficial.
Asimismo, se acordó la formal incorporación, a las conversaciones, del enviado especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, en calidad de testigo y acompañante internacional del proceso negociador, precisaron.
De ese modo, la negociación cuenta, a partir de ahora, con la presencia de Rosadilla y del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, como los testigos y acompañantes internacionales.
Ambos participaron, en su condición de tales, en la sesión negociadora de este viernes.
Como es habitual, las partes cerraron el comunicado conjunto indicando que “la negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto”.
Las presentes conversaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la crisis nicaragüense.
Las primeras conversaciones gobierno-oposición fueron inicialmente promovidas por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes.
Estallada el 18 de abril –hace casi un año-, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
