George Rodríguez EP. El Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua anunció, este martes, el cambo, a Régimen de Convivencia en Familia (casa por cárcel), para algo más de seiscientas personas recluidas en distintas prisiones a nivel nacional.
La medida fue ordenada con motivo de la Semana Santa, indicó el ministerio, en una escueta Nota de Prensa, en la que no precisó los delitos por los cuales los beneficiados cumplen condena.
“El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, informa a las Familias nicaragüenses y de otras Nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, en ocasión de Semana Santa, y promoviendo Unidad Familiar, 636 Personas presas, recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios del País, hoy Martes 16 de Abril 2019 (…) serán beneficiadas con el Régimen de Convivencia en Familia. Tod@s ell@s han cumplido con los Requisitos de Ley, y los procesos que las Normas Penitenciarias establecen”, informó en el texto de dos párrafos.
Las excarcelaciones se implementarán en los respectivos centros penitenciarios, agregó.
“Las 636 Personas estarán siendo recibidas por sus familiares con Cultos y Servicios Religiosos, de Agradecimiento a Dios, en los distintos establecimientos penitenciarios del País”, señaló.
La acción gubernamental siguió a tres similares medidas aplicadas a algo más de doscientos presos políticos, en el marco de la negociación entre el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), para dar solución a la violenta crisis sociopolítica que hace casi un año afecta al país centroamericano.
En los tres casos anteriores –el 27 de febrero, el 15 de marzo, y el 5 de abril-, se trató, específicamente de procesados por motivos políticos.
Los beneficiarios del cambio de régimen fueron, en el primer caso, 120 reclusos, mientras que en los otros dos, se trató, respectivamente, de cincuenta personas.
Las medidas no incluyeron a ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, tales como los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
En los dos últimos cambios de régimen, los respectivos comunicados, emitidos por la oficina de Relaciones Públicas ministerial, precisaron que se trató de “personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”.
La descripción oficial hizo alusión a personas detenidas en el marco de la represión policial y parapolicial antiopositora que el régimen orteguista mantiene desde el inicio de la dramática situación nicaragüense.
Sin embargo, en el anuncio de este martes, el ministerio no precisó los cargos por los cuales los beneficiados fueron procesados.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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