George Rodríguez EP. El Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido, para los ciudadanos nicaragüenses exiliados a causa de la violenta crisis sociopolítica que hace casi un año afecta al país centroamericano, está en vigencia, informó, este lunes, el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), informa a nuestro Pueblo, a l@s Herman@s nicaragüenses en el exterior y a la Comunidad Internacional la aprobación e implementación del Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido de los Nicaragüenses que salieron del País en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de Abril del 2018”, indicó, en un comunicado de seis puntos, difundido por la cancillería de Nicaragua.
El GRUN informó, asimismo, que, en el marco de la negociación que desarrolla con la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la delegación gubernamental presentó la iniciativa, a la agrupación, la que presentó objeciones al texto, las que no fueron detalladas.
“También comunicamos que la Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la Mesa de Negociación, presentó el 10 de abril pasado a la Delegación del ACJD esta propuesta de Programa, la que no logró el consenso por objeciones de dicha Delegación”, indicó.
No obstante, el programa está en implementación, de acuerdo con lo indicado en la información oficial.
“A pesar de ello, y por el Compromiso invariable del GRUN con la Unidad y Reencuentro de las Familias Nicaragüenses, comunicamos la aprobación e implementación de este Programa que garantizará el retorno voluntario asistido de los Herman@s nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibid@s con fraternidad, cordialidad y solidaridad, contribuyendo positivamente con la Paz, Tranquilidad, Seguridad y Reconciliación de todos los nicaragüenses.”, afirmó el régimen, y aseguró que “este Programa cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien solicitará la cooperación de la Comunidad Internacional”.
El programa, cuyo texto fue difundido junto con el comunicado, garantiza el respeto a los derechos humanos de quienes opten por regresar a Nicaragua, de acuerdo con lo señalado en el texto de la iniciativa.
El GRUN “garantiza, en el marco de la Constitución Política y las leyes, el retorno voluntario, ingreso y permanencia de todos los nicaragüenses en el exterior y de los extranjeros residentes, que en el contexto de los hechos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018, deseen regresar voluntariamente al país. Las autoridades nacionales otorgan plenas garantías y seguridad a las personas que decidan retornar voluntariamente y a sus familias bajo un Programa de Retorno Voluntario Asistido, con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el apoyo de la Cooperación Internacional para la implementación de este Programa”, según el documento.
En ese sentido, el texto incluye la garantía constitucional sobre protección, por parte del Estado, así como respeto a las garantías fundamentales.
“Se garantiza la Protección Estatal y el respeto a los Derechos Humanos de acuerdo a lo que establece la Constitución Política en su artículo 46, que señala que ‘En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos…’”, indica.
El programa ofrece, asimismo, la seguridad de las personas quienes opten por regresar.
“Las instituciones competentes del Estado dentro del marco jurídico garantizarán las condiciones del retorno voluntario asistido de los nicaragüenses que voluntariamente retornen a Nicaragua”, para “promover el retorno voluntario asistido y sostenible, informando a los ciudadanos que retornen de las condiciones para su regreso”, además de “garantizar y facilitar el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto a los derechos humanos”, lo mismo que “garantizar el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna”, plantea.
Numerosos exiliados, principalmente en la limítrofe Costa Rica, han optado por regresar a Nicaragua, tras haber enfrentado, durante meses, críticas condiciones personales fruto, principalmente, de dificultad para emplearse, además de situaciones de precario alojamiento, con predominio de situaciones de hacinamiento.
En la comunidad del exilio nicaragüense, se ha conocido información referida a numerosos casos de detención y diversos tipos de hostigamiento gubernamental contra retornados.
Al respecto, durante la conferencia de prensa llevada a cabo, sete .unes, para dar a conocer datos de un estudio, realizado por la costarricense Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, sobre la situación de los exiliados en Costa Rica como consecuencia de la crisis sociopolítica nicaragüense.
Entre otras revelaciones, el análisis –conducido por los nicaragüenses exiliados Roberto Samcam –mayor retirado- y Elvira Cuadra –socióloga- mostró que, a la pregunta sobre si están dispuestos a regresar a Nicaragua, 88 por ciento fue categórico en responder que sí, mientras el 12 por ciento restante indicó que esa no es su perspectiva.
En cuanto a incidentes contra retornados, en Nicaragua, Cuadra aseguró que han ocurrido.
“En relación al retorno a Nicaragua, efectivamente, también se han conocido casos en los que, algunos nicaragüenses que vinieron aquí, producto de la represión, frente a la precariedad de las condiciones en las que estaban, decidieron regresar, a Nicaragua, y fueron víctimas de secuestro, amenazas, intimidación, y, algunos, incluso, de agresiones, etcétera”, relató.
Al respecto, en diálogo, el 27 de enero, con este medio, Samcam denunció represión enfocada en personas retornadas a sus comunidades en Nicaragua.
En Nicaragua, “la policía, está visitando a los familiares de exiliados o de refugiados aquí, en Costa Rica, y les prometen que pueden regresar, que no hay ningún problema, que no van a ser apresados, pero, sí, que tienen que hacer algunos compromisos -entre comillas-, de no volver a levantar tranques, de no participar en acciones en contra del gobierno”, indicó.
Los “tranques” son barricadas que, en los meses iniciales de la crisis, pobladores de diversas comunidades, improvisaron, el año pasado, en puntos de las principales carreteras, a nivel nacional, en un esfuerzo por detener la fuerte represión por agentes policiales y parapoliciales.
“La situación del exilio aquí, en Costa Rica, es bastante complicada, y hay muchos jóvenes que están desesperados, porque tienen problemas de vivienda, tienen problemas de comida, tienen problemas de atención médica, de trabajo, etcétera, y están oyendo esos cantos de sirena”, relató Samcam, un ex combatiente de la guerrilla del ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, posteriormente, del Ejército Popular Sandinista (EPS), que fue la fuerza armada del gobierno revolucionario nicaragüense (1979-1990).
En tal contexto, y no obstante haber iniciado la tramitación de solicitud de refugio, numerosos nicaragüenses –incluido un alto porcentaje de jóvenes- optan por regresar a su país de origen, siguió narrando Samcam, exiliado en Costa Rica, a causa de amenazas en Nicaragua por su oposición al régimen orteguista.
“Cuando llegan allá, las promesas que hacen los oficiales de la policía, son falsas, los meten presos, los golpean, los torturan (…) o los acusan de terroristas”, agregó.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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