Nicaragua dice que medidas contra CIDH y sus grupos de trabajo obedecen a amenazas lanzadas por Almagro

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Date: July 11, 2018 Place: Washington DC Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
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George Rodríguez EP. La suspensión, este miércoles, de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua, y la expulsión de sus dos grupos de trabajo en el país –el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)- obedecen a amenazas lanzadas, en diferentes momentos por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró la cancillería nicaragüense.

Al intervenir en diferentes foros, incluida la OEA, el funcionario ha formulado afirmaciones injerencistas contra Nicaragua, y ha expresado que debe asfixiarse al pueblo de ese país centroamericano, afirmó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en la carta que dirigió, este miércoles, al jerarca de la organización continental.

“Por las razones anteriores, le comunico la suspensión temporal a partir de esta fecha de la Presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Mecanismo de Seguimiento (MESENI) (…) también le comunicamos la expiración del plazo, objetivos y Misión y en tal sentido damos por concluido el Mandato para la visita y permanencia del GIEI en nuestro país. Esta suspensión temporal de la CIDH, MESENI y Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) será hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua”, indicó Moncada, un militar retirado.

En la carta de 37 párrafos correlativamente numerados y contenidos en 10 páginas, el canciller enumeró una serie de echos que, de acuerdo con lo señalado en el documento, demuestran lo que describió como la buena fe del gobierno nicaragüense encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Se trata de la facilitación, a personal de la CIDH y sus grupos de trabajo, de visitas a centros de detención para verificar el estado de los reclusos y que en ninguna de esas instalaciones se encuentra ninguna persona detenida por razones políticas, indicó el funcionario, un ex embajador de Nicaragua en la OEA.

Moncada señaló, asimismo, que una veintena de reclusos fue liberada, a solicitud de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), lo que fue atestiguado por integrantes de la CIDH, y aseguró que personal de la comisión pudo entrevistar a detenidos.

“El Gobierno de la República de Nicaragua ha actuado de buena fe, esperando imparcialidad y objetividad, manteniendo las expectativas de verdaderos y reales aportes que coadyuven a nuestros esfuerzos para devolver la paz y seguridad al pueblo nicaragüense, no obstante, estos procesos se ha caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Nicaragua”, planteó.

Al referirse a la gestión de Almagro –un ex canciller uruguayo- en la Secretaría General de la OEA, Moncada formuló severas críticas, en términos marcadamente fuertes, planteando que el funcionario ha mentido y que es parte de la conspiración golpista que Ortega ha denunciado reiteradamente para explicar la violenta crisis sociopolítica que hace ocho meses golpea a Nicaragua, con saldo de centenares de víctimas fatales fruto de la represión gubernamental antiopositora.

“Sus mentiras y calumnias responden a su actuación como instrumento y agente político del imperio norteamericano, interesado en reelegirlo en la Secretaría General de la OEA”, afirmó el canciller nicaragüense, al secretario general, y agregó que “sus palabras mentirosas y violentas demuestran que Ud. no tiene ni la capacidad ni los méritos para continuar desempeñando el cargo, ni mucho menos reelegirse en el mismo cargo”.

Moncada agregó que, al referirse en tales términos, a Nicaragua, Almagro violó la Carta de la OEA, además de que ello explica la conducta de la CIDH y sus dos grupos de trabajo en el país, lo mismo que de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“Lo antes mencionado explica el, comportamiento de la CIDH, MESENI, GIEI y OCNUDH quienes se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones contra nuestro país (…) impulsando desde el exterior la ruptura del orden constitucional y el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicaragua, violentando con ello el carácter imparcial establecido en la Carta de la OEA”, planteó.

El canciller indicó, a Almagro, que esas expresiones son violatorias no solamente de la Carta de la OEA sino de la Carta de las Naciones Unidas.

“Señor Almagro, sus intervenciones antes referidas, demuestran que las acciones realizadas por los organismos  de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua anunciada por usted“, expresó Moncada, y agregó que “tales amenazas constituyen una violación expresa a la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas quebrantando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, promoviendo acciones que atentan contra la paz, la seguridad, la estabilidad y el progreso alcanzados por Nicaragua”.

La decisión gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.

La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión ha pasado de ser masiva -contra actividades públicas de oposición-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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