George Rodríguez EP. Cincuenta presos políticos fueron puestos en libertad, este lunes, en Nicaragua, en el marco de la recientemente aprobada Ley de Amnistía, informó, en una escueta Nota de Prensa, el Ministerio de Gobernación (Migob).
Se trata de personas detenidas en el marco de la represión policial y parapolicial registrada en el contexto de la violenta crisis sociopolítica que hace más de un año golpea al país centroamericano.
“En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía Nº 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del 2019, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, el lunes 10 de junio del 2019, ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de pres@s por estos delitos”, indicó el Migob, en el texto de dos párrafos.
De acuerdo con lo señalado en el texto, la medida fue implementada con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por decisión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) -como se autodefine el régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-.
“Por decisión unilateral” del GRUN, “participaron como observadores, los delegados” del CICR, aseguró.
A continuación del breve texto, el Migob incluyó la nómina de los presos políticos puestos en libertad -entre quienes figura solamente una mujer-.
La acción gubernamental se llevó a cabo luego de que, en seis fechas desde el fin de febrero, el régimen excarceló a un total algo superior a 300 presos políticos, a quienes pasó a régimen de “convivencia familiar” –casa por cárcel-, en el marco de la estancada negociación, entre el régimen orteguista y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), para dar solución la dramática situación nicaragüense.
En cinco de los casos –27 de febrero, 15 de marzo, 5 de abril, 20 y 30 de mayo-, se trató, específicamente, de procesados por motivos políticos, mientras que, en el restante –el 16 de abril-, del total de 636 excarcelados, solamente 36 fueron reclusos opositores.
Hasta ahora, ni los cambios de régimen ni la puesta en libertad han incluido a ninguno de los presos políticos cuyos casos han centrado la mayor atención a nivel mediático, tales como los de varios dirigentes campesinos y estudiantiles, además de dos periodistas.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida, del régimen de Ortega y Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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