George Rodríguez EP. Abogados defensores de presos políticos en Nicaragua rechazaron el proyecto de Ley de Amnistía presentado por diputados oficialistas para que sea sometido, este sábado, a votación en la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-.
La amnistía no corresponde, porque los detenidos por razones políticas no cometieron ningún delito, además de que los crímenes de lesa humanidad enmarcados en la represión antiopositora llevada a cabo, en el marco de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense, por fuerzas policiales y parapoliciales no prescriben, plantearon.
“Se mantiene el rechazo hacia esta ley. Si en algún dado caso se aplica, se va a mantener el rechazo”, planteó Julio Montenegro, quien puntualizó que “para delitos de lesa humanidad no existe justificación alguna”, de modo que “va a ser difícil que se justifique un hecho donde personas cometieron graves delitos (…) delitos graves, que no prescriben”.
El proyecto incluye la liberación de los presos políticos –aunque se trata de un acuerdo logrado en la negociación entre gobierno y oposición para poner fin a la crisis- lo que constituye una vía para mantener en impunidad las violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la represión antiopositora, indicó.
“Los presos políticos (…) están en procesos plagados de ilegalidades, con jueces no competentes que les han incorporados pruebas ilícitas”, señaló Montenegro, quien planteó que, “lo que corresponde en estos casos es la nulidad procesal o buscar alguna de las siete rutas que hemos planteados los abogados”.
Esas opciones comprenden alternativas tales como anular los juicios mediante los cuales se condenó a centenares de personas a prisión por razones políticas o declararlos inocentes.
Por su parte, Uriel Pineda, jurista especializado en derechos humanos, planteó que la liberación de los presos políticos es manejada, por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, como componente a cambio del cual lograr su propia amnistía.
“Siempre fue la intención de Daniel Ortega, obtener amnistía a cambio de liberar a los presos políticos”, aseguró Pineda, en cuya opinión, el mandatario, “al promover unilateralmente una autoamnistía (…) demuestra ante la comunidad internacional que es responsable de los crímenes de lesa humanidad que le imputan”.
El abogado aclaró, asimismo, que el proyecto de ley carece de validez.
“La experiencia internacional demuestra que las leyes de auto-amnistías son revertidas cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.
La breve iniciativa de ley, consistente en un considerando y cuatro artículos, plantea, en la primera de las disposiciones, una amnistía general que cubre desde el 18 de abril del año pasado –fecha de inicio de la crisis- hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley.
“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional” durante ese período, indica.
La medida también cubre a quienes no están bajo investigación ni sometidos a procesos judiciales penales, no enfrentarían tales acciones.
Asimismo, prevé la puesta en libertad “de forma inmediata” de los centenares de presos políticos.
El proyecto plantea que “la presente Ley de Amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con éstos que son tipificados por el ordenamiento penal vigente en Nicaragua”, y que “se exceptúan aquellos regulados en Tratados Internacionales que Nicaragua es Estado parte”.
La iniciativa incluye la advertencia contra lo que se describe como reincidencia, por parte de los beneficiados, en cuanto a la comisión de acciones por las cuales fueron encarcelados.
“Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, indica el cuarto de los artículos, advirtiendo que “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.
La crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
SEA PARTE
Apostamos por un periodismo independiente, donde Usted como socio y socia contribuye a producir información de calidad.
Con su aporte estará apoyando un periodismo libre y transparente, que profundiza en los hechos que tienen un impacto real en las personas.
