George Rodríguez EP. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este viernes que no renovará, el año próximo, el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Morales, quien, desde que asumió el cargo para el período 2015-2019, mantenía una creciente confrontación con la Cicig, aseguró, a periodistas, que la medida fortalece la institucionalidad guatemalteca en el combate anticorrupción.
“Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones, para garantizar la continuidad en la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito”, planteó en la declaración que formuló sin aceptar preguntas, y acompañado por altos oficiales militares.
El mandatario dijo, además, que en 2017 presentó quejas al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, sobre la conducta de integrantes de la comisión.
“El año pasado, se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar irresponsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes”, afirmó.
Morales dijo, además, que informó a Guterres, mediante carta, sobre la decisión gubernamental.
“Como podrá ver su excelencia, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha Comisión haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo”, escribió el presidente, al secretario general.
La comisión viene operando, desde 2006, mediante renovaciones periódicas de su mandato, la más reciente de las cuales vencer en 2019.
Morales ordenó, el año pasado, la expulsión, de Guatemala, del jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Esa decisión presidencial fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, mediante un fallo en el que solicitó que gobierno y Cicig implementaran lo dispuesto en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión en cuanto a la solución de controversias mediante el diálogo.
La Cicig, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones sobre casos de corrupción que han involucrado a allegados a Morales y también al mandatario.
Uno de los casos se refiere a fraude cometido hace cinco años contra el Estado, e involucra a José Manuel Morales, hijo del presidente, y a Sammy Morales, hermano del mandatario, quienes aguardan juicio.
Además, ambas entidades solicitaron, el 10 de este mes, el desafuero de Morales, por un posible financiamiento electoral ilícito para su exitosa campaña electoral, en 2014.
El presidente ha negado el señalamiento.
La gestión de la Cicig, actuando conjuntamente con la FGR, ha incluido casos emblemáticos como el enjuiciamiento del ex presidente guatemalteco (2000-2004) Alfonso Portillo, quien cumplió condena de prisión en Estados Unidos, por malversación de unos 15 millones de dólares.
La gestión de la comisión fue determinante en el caso de la red de corrupción aduanera dirigida por el general retirado y ex presidente guatemalteco (2012-2015) Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes debieron renunciar y fueron encarcelados en setiembre de 2015, cuatro meses antes de finalizar sus respectivos mandatos.
El acuerdo de creación de la Cicig, suscrito el 12 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala –entonces presidido (2004-2008) por el ex alcalde capitalino Oscar Berger, define al grupo como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil (PNC) así como a otras entidades estatales guatemaltecas.
Ello, para facilitar la investigación de lo que en el convenio de 15 artículos se define como casos delicados y difíciles, y, en materia de seguridad, lograr la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
