George Rodríguez EP. Si bien se trata de situaciones con característica diferenciadas, las severas crisis que respectivamente golpean a Venezuela y a Nicaragua presentan aspectos vinculantes que resultan en la incidencia de la primera en la segunda, planteó, este viernes, el mayor retirado nicaragüense y analista político Roberto Samcam.
El factor determinante radica en el manejo que el gobierno de Estados Unidos está dando a la situación venezolana, y a la visión que tiene respecto a cómo resolver ambas, indicó Samcam, en diálogo con El Periodicocr.
Al exponer esta línea de estudio, el analista señaló, como primer factor, la reciente decisión estadounidense de sancionar a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
“Efectivamente, la situación de Venezuela va a impactar, directamente, en la situación en Nicaragua”, indicó, para señalar que “ya hay una serie de eventos que nos están marcando una pauta de comportamiento de la coyuntura venezolana”.
En lo inmediato, e internamente, el castigo a Pdvsa implica privar, al cuestionado gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de los masivos recursos financieros que genera la compañía petrolera –la principal empresa estatal venezolana-, dijo.
De acuerdo con el planteamiento del militar retirado, “las últimas sanciones norteamericanas, hacia Pdvsa, lo que hacen en cerrar la llave, completamente, de los recursos financieros que pueda tener el gobierno de Maduro, y trasladan todo hacia Juan Guaidó”.
El analista aludió así a Guaidó, presidente de la Asamblea nacional –parlamento unicameral- venezolana, y diputado opositor quien, el 23 de enero, se autoproclamó mandatario interino de Venezuela, y a la acción sobre Pdvsa, decidida dos días después, por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.
“El 25 de enero, el Secretario de Estado Michael R. Pompeo certificó la autoridad del Presidente interino de Venezuela Juan Guaidó para recibir y controlar cierta propiedad en cuentas del Gobierno de Venezuela o el Banco Central de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o cualquier otro banco estadounidense asegurado, de acuerdo con la (…) Ley de la Reserva Federal (Federal Reserve Act). Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar esos bienes en beneficio del pueblo venezolano”, informó, el 29 de enero, el Departamento de Estado norteamericano.
Esa fue la explicación oficial a la decisión, anunciada un día antes, por los departamentos de Estado y del Tesoro, de bloquear los fondos que Pdvsa posea en Estados Unidos, para castigar lo que describieron como la corrupción en gran escala que venía afectando a la empresa petrolera.
De acuerdo con versiones periodísticas originadas en Estados Unidos, la acción contra Pdvsa significa el bloqueo de 7,000 millones de dólares en activos de la empresa en ese país.
Al respecto, Samcam señaló que la medida trasciende, además, el ámbito estrictamente venezolano, ya que la sanción a Pdvsa tiene impacto directo en Nicaragua, específicamente en la también petrolera Alba de Nicaragua SA (Albanisa).
El analista hizo así referencia a que Albanisa es una empresa privada mixta nicaragüense cuya propiedad es compartida por Pdvsa -51 por ciento- y la estatal Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) -49 por ciento-.
Por lo tanto, “la presión hacia Pdvsa, la asfixia económica a Pdvsa y al gobierno de Maduro, impacta, directamente, en Nicaragua”, aseguró Samcam, quien subrayó, asimismo, que, consecuencia de ello, “Albanisa se volvió un paria internacional, proscrito”, porque “nadie quiere hacer negocios con ella”.
El análisis del mayor retirado presentó coincidencias con lo expresado, el 30 de enero, sobre la decisión estadounidense respecto a Pdvsa, por el asesor de Trump en materia de seguridad, John Bolton.
En la red social Twitter, Bolton escribió que el gobierno de Trump golpeó, simultáneamente, a Pdvsa y a Albanisa, y describió a la segunda como una fuente de fondos ilícitamente obtenidos por el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El experto estadounidense en seguridad agregó que, por la vía de la medida contra Pdvsa, la administración de Trump procura que Maduro y sus allegados no se apoderen de recursos venezolanos.
Samcam planteó, además, que, no obstante las diferencias que las caracterizan, otro aspecto que ambas crisis nacionales presentan en común, radica en la solución a las dos situaciones, ya que Estados Unidos está procurando en que, en ningún caso, sea por la vía armada.
Interrogado respecto a si el impacto de la sanción estadounidense a Pdvsa, en Albanisa, podría constituirse en un elemento que acelere al fin del régimen orteguista, Samcam señaló que, en Nicaragua, “los Estados Unidos no quieren otra revolución, los Estados Unidos no quieren una salida sangrienta, quieren que sea una salida lo más suave posible –por eso, lo de aquel famoso ‘aterrizaje suave’ (…) el ‘soft landing’-“.
El analista aludió, de ese modo, por una parte, a la acción del entonces guerrillero y ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que terminó, en 1979, con la dictadura, de cuatro décadas, de la familia Somoza.
El “aterrizaje suave” –que ha sido tema de conversaciones entre diferentes sectores nicaragüenses-, consiste en el objetivo de una transición gubernamental ordenada, sin violencia, a partir de la salida del poder por parte de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
En cuanto a la crisis venezolana, Estados Unidos tampoco procura una solución violenta, planteó.
“En Venezuela, no quieren una guerra”, porque “una guerra contra Venezuela, es costosísima, en destrucción, en vidas –estamos hablando de un ejército de 250 a 300 mil, con todos los milicianos que tienen“, lo que, además, implicaría “un esfuerzo regional -Colombia, Brasil, Estados Unidos, utilizando territorio panameño, etcétera, etcétera-“, explicó.
Si bien, por momentos, parece próximo a optar por esa vía, en realidad, no es la preferencia del gobierno estadounidense, indicó.
“Eso, nadie lo quiere, y los Estados Unidos son los que menos lo quieren. Obviamente, presionan hasta el borde, pero no lo quieren”, dijo.
Venezuela registra, hace años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
En el caso de Nicaragua, la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
Medios de comunicación y periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales –particularmente las defensoras de los derechos humanos- han sido objetivos recientes de esa modalidad represiva.
