George Rodríguez EP. El gobierno de México movilizó a un centenar de agentes policiales en un sector de la Frontera Sur, para dar seguridad a una instalación de atención a migrantes, informó, este domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc).
Se trata de atender, específicamente la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM), en la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sudoccidental estado mexicano de Chiapas, limítrofe con Guatemala, indicó la Sspc, en un comunicado.
“El Servicio de Protección Federal (SPF) desplegó a 103 policías, 21 mujeres y 82 hombres, con la finalidad de brindar seguridad” en la instalación migratoria, cuyo personal debe “velar por la integridad física y dar alojamiento a extranjeros con estancia irregular en el país, con especial atención a grupos vulnerables”, precisó.
La acción gubernamental apunta a complementar el trabajo del personal del INM en el lugar, para hacer frente a situaciones derivadas de la presentica de migrantes, indicó.
“Los policías desplegados suman sus capacidades a los trabajos que realiza el personal del Instituto Nacional de Migración en protocolos de actuación en materia de atención a incidencias, atención de amotinamientos, fuga de migrantes y restablecimiento de la seguridad en la estación migratoria, con el objetivo de fortalecer dichos procedimientos con base a los tratados internacionales”, explicó.
Citado en el texto de seis extensos párrafos, el comisionado del SPF, José Pedro Vizuet, exhortó, a los agentes involucrados en la movilización, a desempeñarse correctamente, lo que incluye respetar los derechos de los migrantes.
“No reprimiremos, ni causaremos confrontación (…) debemos tener la firme convicción de servir a nuestro país, a nuestra gente, en este caso, a nuestros hermanos migrantes, que como ustedes y como yo, tienen familia, derechos, sueños y necesidades, es por eso que los exhorto a (…) siempre respetar los derechos humanos”, planteó Vizuet, a los efectivos de seguridad.
La Sspc formuló el anuncio dos días después de que Estados Unidos y México lograron un acuerdo, en materia migratoria, que permitió que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se abstuviera de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas por lo que considera como la omisión del gobierno de México en cuanto a detener el masivo flujo migratorio, a través del país latinoamericano, hacia territorio estadounidense.
Entre otros compromisos, la administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a controlar la situación migratoria en el límite con Guatemala.
La frontera terrestre sur mexicana –de 962 kilómetros-, con Guatemala y Belice, registra, desde octubre del año pasado, el paso de masivos contingentes integrados por miles de migrantes irregulares llegados desde el Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-, quienes tienen el propósito de atravesar México para cruzar la frontera terrestre norte –de 3155 kilómetros- e ingresar a Estados Unidos.
Esos migrantes, quienes recorren más de cuatro mil kilómetros para llegar a territorio estadounidense, huyen de la violencia –principalmente a causa de actividades de crimen organizado- y la falta de oportunidades en sus respectivos países origen, que constituyen una de las regiones más inseguras a nivel mundial.
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