El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió un nuevo lineamiento que prohíbe emitir posiciones políticas en las aulas .
La circular DM-CIR-0047-2026, firmada por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y las viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez, recuerda que la Ley Fundamental de Educación asegura “reconoce el derecho del personal docente a expresar sus ideas políticas y religiosas”.
Sin embargo, también recalca que la legislación prohíbe “realizar propaganda política dentro de los centros educativos públicos”.
Así, entre las nuevas disposiciones, el MEP prohíbe utilizar clases, tareas, exámenes, proyectos, exposiciones, actos cívicos, reuniones, pizarras, murales, carteles, uniformes, plataformas digitales, redes institucionales y cualquier otro recurso del centro educativo para promover o desacreditar partidos políticos, candidaturas, precandidaturas, figuras públicas o movimientos de carácter político.
Asimismo, la directriz impide incentivar al estudiantado a participar en actividades político-electorales o permitir el ingreso de personas externas con fines proselitistas durante actividades organizadas por los centros educativos.
La cartera de Educación sostiene que la medida no prohíbe analizar temas políticos en las aulas cuando estos forman parte de los programas oficiales de estudio.
Según el ministerio, el abordaje de estos contenidos debe realizarse con objetividad, pluralidad y un enfoque pedagógico que promueva el pensamiento crítico, sin convertir el proceso educativo en un espacio de proselitismo.
No obstante, el alcance del documento ya generó críticas. Representantes sindicales y especialistas consultados por distintos medios consideran que la redacción de la circular podría abrir espacio a interpretaciones amplias sobre qué constituye una manifestación política, lo que podría derivar en restricciones a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión del personal docente.
La directriz rige para todos los centros educativos públicos del país y entró en vigencia el pasado 3 de julio. A partir de esa fecha, el MEP podrá aplicar los procedimientos administrativos correspondientes cuando considere que se incumplen las disposiciones establecidas en el lineamiento.
